Tras cerca de año y medio en situación de bloqueo, EA se plegó finalmente a la postura del PNV en materia fiscal y ambos partidos alcanzaron un acuerdo para rebajar en Gipuzkoa el tipo del Impuesto de Sociedades desde el 32,6% actual hasta el 28%. De ese modo se iguala ese tipo al ya aprobado por esos mismos partidos, entre otros, en Araba y Bizkaia. Esta rebaja afecta a los impuestos que pagan los empresarios guipuzcoanos, quienes a partir de ahora se ahorrarán un importante montante de dinero que, en consecuencia, dejarán de recoger las arcas públicas.

Eusko Alkartasuna, haciendo referencia a la grave situación económica, intentó justificar su cambio de postura en la necesidad de «fomentar el empleo» y como modo para garantizar la recaudación. Desde ese partido también se adujo que en la negociación se han incluido una serie de medidas de carácter progresista. Excusatio non petita, acusatio manifesta. Y es que las razones para adoptar esta medida se pueden explicar de muchas maneras, pero la única explicación plausible es que se ha cedido a la presión de los lobbys empresariales y que se han seguido las recetas de economistas fuertemente ligados a esos grupos e institu- ciones. En resumidas cuentas, que una vez más se han priorizado los intereses empresariales frente a los intereses de los trabajadores, es decir, frente a los intereses de la mayoría de la sociedad. Ante esa evidencia, la crisis puede servir de coartada, pero esa explicación no deja de ser paradójica dado que en los tiempos de bonanza no se han aplicado medidas en sentido inverso, subiendo por ejemplo esos mismos impuestos.

En este caso merece especial mención el hecho de que esta rebaja fiscal se da con la izquierda abertzale excluida de esas instituciones, pese a tener más apoyo social que los partidos firmantes del acuerdo. Entre «demócratas» y «socialdemócratas» vascos se reparten así un pastel en el que a la mayoría política y social sólo se le deja soplar las velas y, como mucho, aplaudir.