La última sentencia dictada por Margarita Robles en su condición de magistrada del Tribunal Supremo antes de acceder al CGPJ anula una resolución anterior de la Audiencia Nacional, que consideró los libros de bautismo de las parroquias ficheros de datos en los que se podían añadir las cancelaciones de inscripción en la Iglesia católica.

Además, declara nula otra resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que obligó al Arzobispado de Valencia a la anotación por nota marginal en el libro de bautismo de la solicitud de cancelación de una inscrpción, a petición de un particular.

La sentencia supone un jarro de agua fría a la campaña que la Asamblea de Mujeres de Bizkaia (AMB) ha desarrollado en los últimos meses. El colectivo analizará la resolución judicial y después se pronunciará acerca de los pasos que va a dar.

La Asamblea llegó a presentar en marzo algo más de 400 peticiones de apostasía ante las diócesis vascas, que las rechazaron a la espera del pronunciamiento del Supremo español. En mayo, se dirigieron a la AEPD con un recurso con un número mayor de peticiones para que se suprimieran los nombres de las apóstatas de los libros de bautismo.

Ahora, esta sentencia cierra las vías ante la Justicia ordinaria y la agencia de protección de datos para darse de baja de la institución que dirige Joseph Ratzinger, a la que tachan de «machista, patriarcal, homófoba, clasista y antidemocrática». A la espera de la decisión que adopte la AEPD, el camino que les queda a los apóstatas es acudir al Tribunal Constitucional español por considerar que se vulnerán sus derechos de elección de confesión religiosa.

A pesar de que desde los sectores reaccionarios de la Iglesia católica se ha restado importancia a estas campañas, han saludado con entusiasmo que el Tribunal Supremo español les haya dado la razón.

La decisión judicial se produce en las jornadas en que desde la jerarquía que preside Antonio María Rouco Varela han conocido que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, vía Presupuestos Generales del Estado, les entregará 156 millones de euros como anticipo de la recaudación del IRPF en 2009. Los obispos no se conforman y piden más.

Mientras, quienes quieren que su nombre no aparezca entre quienes conforman la Iglesia católica, no comparten los argumentos del Tribunal Supremo y lamentan que la Conferencia Episcopal Española (CEE) les incluya entre los millones de fieles que dice tener y por los que reciben anualmente millones de euros de las arcas públicas en tiempos de crisis.