La juez de la Corte Superior de Québec Louise Lemelin rechazó el martes la solicitud realizada el 24 de octubre por la defensa del refugiado político vasco Iban Apaolaza, que buscaba su puesta en libertad en base al artículo de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, promulgada para proteger de la detención ilegal a cualquier persona en este estado. Los abogados de Apaolaza argumentaron que el proceso de deportación del refugiado vasco «es ilegal, ya que se basa en una declaración prefabricada bajo torturas».

La juez Lemelin decidió inhibirse del caso y rechazó estudiar la solicitud de los letrados bajo el argumento de que Apaolaza «no es ciudadano canadiense».

Wiliam Sloan, abogado del represaliado vasco, expresó su indignación frente a esta decisión, y afirmó que según la resolución de la magistrada «en Canadá tenemos dos sistemas legales diferentes, uno para los seres humanos y otro para los refugiados, los cuales, al parecer, no merecen ser tratados como seres humanos y se les conculcan derechos fundamentales como el habeas corpus».

Iban Apaolaza fue detenido por la Policía Montada de Canadá en Québec el 20 de junio de 2007, bajo una orden de busca y captura española, en la que se le acusa de ser miembro de ETA.

Desde entonces se encuentra encarcelado en el Centro de Detención de Rivière-des-Prairies.

Orden de deportación

En mayo de este año la Comisión de Inmigración y Refugio emitió una orden de deportación, basada únicamente en esa orden española, y a pesar de que, como el propio comisario Louis Dùbe reconoció, «puedan existir motivos más que razonables para creer que las declaraciones que incriminan a Iban Apaolaza fueron obtenidas utilizando la tortura». El 26 de agosto la Corte Federal se inhibió de estudiar la apelación.

Apaolaza respondió a esta última resolución de la magistrada Louise Lemelin con un escrito en el que afirma que «una vez más, los tribunales canadienses están legitimando el uso de la tortura para obtener declaraciones», y llamó a la sociedad quebequesa y canadiense a «denunciar la injusticia y las violaciones de derechos humanos que se están realizando en mi caso y también en el caso de otras personas».

En estos momentos el refugiado vasco se encuentra a la espera de la decisión de un organismo ministerial sobre su deportación.