El 28 de septiembre se celebró el Día Internacional por el derecho al aborto, que desde el año 1990 instituyeron las organizaciones feministas latinoamericanas y del Caribe.

Actualmente en el Estado español el aborto está penalizado, lo que ha ocasionado en los meses pasados multitud de detenciones, amenazas y encausamientos de mujeres y del personal médico que practica la interrupción voluntaria del embarazo en clínicas privadas, ya que la sanidad pública sólo cubre el 3% de las intervenciones.

Es necesario que el aborto salga del Código Penal, ya que se trata de un derecho, el derecho de las mujeres a decidir libremente su maternidad y la interrupción voluntaria de su embarazo. Es precisa una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo.

Para asegurar este derecho, la cobertura debe hacerse desde la red hospitalaria y extrahospitalaria pública, de forma que se garantice su carácter universal y se normalice como prestación sanitaria. Al tiempo que debe regularse la objeción de conciencia acompañada de una disposición que establezca la imposibilidad de objeción por parte de instituciones y administraciones, y que garantice que todos los centros públicos dispongan de los equipos de profesionales necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres,

Por otra parte, debe darse respaldo y apoyo institucional a las y los profesionales que practican los abortos tanto en la red pública como en la red privada, porque actualmente viven en la inseguridad jurídica más absoluta junto a las mujeres a las que atienden.

Sin embargo, la nueva ley no es suficiente si no va acompañada de políticas y medidas integrales basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Especialmente hay que atender las particulares necesidades en materia de sexualidad y anticoncepción de las y los jóvenes, para lo que habría que introducir en el currículo escolar la educación afectivo-sexual y asegurar su acceso a todos los métodos anticonceptivos, incluidos los de última generación, dentro de la red sanitaria pública de Osakidetza.

La puesta en marcha por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas de planes formativos a profesionales para su capacitación en la práctica de interrupción del embarazo debe empezar por la universidad en medicina y enfermería y con el personal sanitario de atención primaria para que con adecuados protocolos den asistencia desde la base.

Por último, una reflexión, con el Día Internacional por el derecho al aborto reciente, que trate de explicar por qué se penaliza el aborto. Si vinieran desde Marte a observar el comportamiento humano, verían que la prohibición del aborto es parte de las prácticas que tratan de controlar la sexualidad de las mujeres. Quienes quieren que el aborto sea un delito parecen considerar que el ejercicio de la sexualidad es sólo para la reproducción. Además, consideran que la reproducción no es un acto humano, sino la consecuencia de un mandato divino en el cual las personas humanas no pueden intervenir.

Desde hace varias décadas el avance de la ciencia permite realizar una interrupción del embarazo en condiciones seguras para la mujer, pero la clase política está fuertemente influenciada por las iglesias, particularmente por la católica, que no sólo sanciona el aborto sino toda forma de control de la natalidad.

La penalización del aborto está contribuyendo al aumento de embarazos no deseados y a la mortalidad de las mujeres, sobre todo de aquéllas que no cuentan con recursos económicos. Por ello, no nos cabe, como feministas, sino denunciar esta situación y emplazar a las instituciones a paliarla en breve plazo.