El juzgado entendió que los problemas de salud que Juan Manuel Márquez tiene al haber desarrollado un mesotelioma pleural después de una prolongada actividad laboral se debió a que ni Nervacero ni la empresa de Luis Varela Davalillo se encargaron de proteger a los trabajadores del polvo del amianto.

Márquez prestó trabajos de gruista y cargaba chatarra que desprendía las fibras del mineral cancerígeno y tuvo una exposición al mismo desde 1966 a 1982. La sentencia indica que la zona de trabajo no contaba con los niveles adecuados de ventilación ni las medidas adecuadas para evitar la inhalación de las fibras de amianto. «En el caso planteado -precisa la sentencia- partiendo de un riesgo suficientemente conocido, no consta que ni Luis Eduardo Varela ni Nervacero efectuasen mediciones de partículas de amianto en el aire, ni ningún control específico relativo a las mismas, límites o niveles de contaminación que ya estaban regulados en número de partículas de amianto por metro cúbico de aire, según el Real Decreto 2424/1961 de 30 de noviembre».

El juez Diego Orive Abad estima que durante la vista judicial quedó acreditada que «ambas empresas omitieron medidas en su momento expresamente indicadas para el trabajo en contacto con el amianto». De esta manera, condena a Nervacero y a Luis Eduardo Varela Davalillo al pago de una indemnización de 20.540 euros. No obstante, esta sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El próximo martes a las 9.15 en el Juzgado de Lo Social de Bilbo se verá la demanda de recargo de prestaciones por la falta de medidas de seguridad contra Wagons Lits y Renfe por la muerte del trabajador Marcos Albitre por un mesotelioma clasificado como accidente de trabajo. La Asociación de Afectados y Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviame) ha convocado una concentración para las 9.00 del martes.

Por otro lado, ESK informó que este pasado lunes se realizó una comprobación de la situación en Michelin de Gasteiz. A juicio de esa central sindical, la dirección de la empresa «impuso muchos inconvenientes» para conocer aquellos lugares «que en un detallado informe ESK, CGT, ELA y LAB describimos y donde hubo amianto».

ESK denuncia «la actitud hiriente» de la empresa y reclama a Osalan y la Inspección de Trabajo que «precisen los efectos del amianto en un trabajador».