En la sesión plenaria que celebrarán el próximo lunes las Juntas Generales de Araba, el grupo de la izquierda abertzale preguntará a Xabier Agirre por las razones que le han llevado a «mantener silencio desde que en julio se conocieran las imputaciones de los principales protagonistas, que no los únicos», en relación con el proyecto de campo de golf en Bastida.

La izquierda abertzale recuerda que el pasado mes de marzo, a preguntas de este mismo grupo juntero, Xabier Agirre respondió diciendo que «no podía interferir en un proyecto que, pese a contar con una gran oposición vecinal en la zona, contaba con los requisitos exigibles», y que «la competencia de la Diputación alavesa es única y exclusivamente ser garantes de que se va a cumplir lo que la COPU ha dicho».

También recuerda que el pasado mes de julio la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gasteiz presentó una denuncia contra el ex alcalde de la localidad, Ignacio Gil Orive (PP), y los tres promotores del complejo -Luciano Soraluze, Javier Corta y José María Elías- por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación. «A pesar de ello -afirma el grupo juntero abertzale en un comunicado- la Diputación sigue sin pronunciarse al respecto».

Por el contrario, constata que este polémico proyecto cuenta con la oposición vecinal y con el informe desfavorable de la Comisión de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, ya que «elimina doce hectáreas de suelo agrícola, distorsiona de forma brutal la actual configuración del pueblo, plantea problemas de suministro del agua y ocupa zonas de especial interés ecológico y de valor arqueológico». «Y por si fuera poco -agrega este grupo-, cuenta con el fantasma de la corrupción pisándole los talones».

«Preocupación y alarma»

A su juicio, existen «sobradas razones» para que desde la Diputación alavesa se haga «un ejercicio de responsabilidad y se paralice un proyecto que nunca debió contar con el visto bueno de las distintas administraciones que tienen competencia en la materia».

«Se trata de un proyecto que, de haberse seguido con un mínimo de responsabilidad por parte del Gobierno Foral, no habría permitido la oportunidad de un pelotazo que ha despertado la preocupación y alarma no sólo de los opositores al proyecto, sino también de la fiscalía provincial», concluye el grupo juntero abertzale».