La Justicia española, al menos en lo referente a la cuestión vasca, es un instrumento de primer orden en la actual estrategia política del Estado contra la disidencia vasca. Y los diferentes estamentos del Estado no dudan en reivindicarla como tal un día sí y otro también. Ahora bien, esa constatación, que es habitualmente realizada en términos apologéticos por gobernantes, líderes políticos o periodistas españoles, no puede ser criticada en términos políticos, jurídicos o incluso literarios por un ciudadano vasco. Mejor dicho, el coste de hacerlo asciende a penas de cárcel que superan las de cualquier otro delito tipificado en el Código Penal español.

Así lo denunciaron ayer varios abogados que han participado como parte defensora en los macrosumarios desarrollados últimamente en diferentes tribunales de Madrid, entre ellos el dirigido contra el movimiento pro amnistía y los procesos de ilegalización de EHAK y ANV. Una defensa inviable en términos jurídicos, dado que los únicos criterios a los que responden esos tribunales son los informes policiales, por un lado, y premisas ideológicas como la condición inamovible e incuestionable de la estructura actual del Estado, por otro lado. Gráficamente, expusieron que los abogados ganan esos juicios, pero pierden las sentencias.

Por si todo esto fuera poco, y muy especialmente a partir del fracaso del proceso negociador, la venganza ha pasado a ser el principio rector que dirige la estrategia del Gobierno de Rodríguez Zapatero para con la disidencia vasca. Y para aplicar ese espíritu vengativo no ha encontrado mejor arma que la ley. Una ley que, dicho sea de paso, es sistemáticamente cambiada o reinterpretada para abarcar cada vez más y más actividades políticas. La apertura de una nueva causa contra varios militantes abertzales por el acto de Anoeta en 2004, en el que se presentó la iniciativa «Orain herria, orain bakea», es un buen ejemplo de ese proceder. Esa estrategia se basa en la negación, por partida doble, de la política y del Derecho.