Después de la reunión del Consejo de Gobierno, la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, y los miembros del Consejo Político de Juan José Ibarretxe, Javier Madrazo (EB) y Joseba Azkarraga (EA), comparecieron ayer ante los medios para transmitir una declaración tras conocerse la fecha del juicio contra el diálogo político.

La número dos del Gobierno autonómico destacó «la oportunidad y acierto» de los contactos mantenidos por Ibarretxe con los que denominó como «representantes de la llamada izquierda abertzale». Según dijo, «aquel paso político que ahora se enjuicia supuso un elemento de apoyo a un proceso desde el convencimiento que el dialogo y la política pueden hacer mucho a favor de la paz».

Zenarrutzabeitia destacó que el Ejecutivo «ni se arrepiente ni se esconde de lo que era y es nuestro compromiso a favor de la paz y la normalización política», del que aseguró que es «un compromiso refrendado por la ciudadanía de este país». En esta línea, proclamó que el juicio «no va a desviarnos de nuestras convicciones políticas».

Por ese motivo, subrayó el compromiso del Gobierno vasco para «actuar de la misma manera siempre y cuando existan oportunidades para la paz en el futuro». «Lo hicimos y lo volveremos a hacer tantas veces como sea necesario y estimemos, razonablemente y con prudencia, que el momento es propicio para llevar adelante estas iniciativas», añadió

«Discriminación»

Por otra parte, denunció «la discriminación y distinta vara de medir» de la Justicia española ante hechos similares. En referencia al Tribunal Supremo, señaló que «ante la denuncia contra Zapatero por sus conversaciones con ETA, la más alta magistratura española resolvió a favor de la legitimidad de aquella actuación, y consideró que aquella denuncia era una invasión intolerable de la justicia en el terreno de la política, llevando a hablar de fraude constitucional».

Por el contrario, denunció que, «cuando es el lehendakari el que dialoga, no con representantes de ETA, sino de la izquierda abertzale», esta actuación es vista como un «delito perseguible penalmente».

Zenarrutzabeitia consideró que esta situación demuestra que el Gobierno autonómico «acertó cuando denunció la inutilidad e inconveniencia de la Ley de Partidos, de la que deriva esta causa». «No se entiende una democracia en la que el dialogo político es delito. Desde luego, ése no es nuestro modelo», añadió.

El presidente de EA, Unai Ziarreta, señaló por su parte que este juicio es un capítulo más de «la situación de excepcionalidad que vive el pueblo vasco desde hace bastantes años», con ilegalizaciones y cierres de periódicos y radios.