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El Consejo de Electos tampoco ve clara la financiación de la línea de alta velocidad

Las elevadas sumas exigidas a las instituciones locales de Lapurdi para la nueva línea del Tren de Alta Velocidad siguen generando reacciones. Ayer el presidente del Consejo de Electos anunció que «ante la falta de información» han pedido un estudio a la Agencia de Urbanismo.

Arantxa MANTEROLA |

La financiación de la nueva línea de Alta Velocidad sigue generando vivas reacciones entre los electos desde que el 29 de setiembre pasado se dieran a conocer, en una reunión de la Prefectura de la región en Burdeos, los fondos exigidos a las instituciones locales. Al día siguiente, Jean Grenet, actual presidente de la CABAB (Mancomunidad Baiona-Angelu-Biarritz), reafirmaba su apoyo al proyecto, pero mostraba su preocupación por la «falta de información concreta» y por el elevado monto solicitado a la Mancomunidad (65 millones de euros).

A principios de semana, varios electos de diferentes tendencias de la CABAB comparecían ante la prensa y denunciaban el método empleado, ya que se les exige la respuesta para finales de noviembre «cuando no sabemos tan siquiera el trazado, ni si habrá una estación en Baiona». Añadían, además, que la suma demandada supone hipotecar otras inversiones necesarias durante decenios.

Estudio complementario

Michel Hiriart, presidente de la Mancomunidad Sur-País Vasco, se pronunciaba ayer en parecidos términos. También Jean-Jacques Lasserre subrayaba que «la importancia de las sombras que planean sobre el proyecto imposibilitan la toma de las decisiones financieras requeridas».

El actual presidente del Consejo de Electos reiteró su posición favorable al TAV pero manifestó que, dada la escasez de información detallada sobre el proyecto de nueva línea, han pedido un estudio a la Agencia de Urbanismo para que analice cuestiones como el uso previsto para mercancías y para viajeros, la conveniencia y consecuencias de una nueva estación, así como las de los posibles trazados.

Lasserre realizó estas declaraciones ayer en Baiona, en una comparecencia en la que expuso las prioridades que, tras la firma del Contrato Territorial, abordarán en «estrecha colaboración» con el Consejo de Desarrollo.

Entre ellas, remarcó la elaboración para 2009 de la Carta de Ordenación del Espacio que pretende que constituya un marco de referencia compartido para que sirva de guía a las instituciones locales en las decisiones que deben tomar. Trabajarán sobre dos o tres escenarios posibles para los años venideros y lo harán en colaboración con los SCOT, mancomunidades y Consejo de Desarrollo. En lo referente a la vivienda, Lasserre vaticinó que, contrariamente a lo sucedido hasta ahora, los próximos años la opción de los alquileres cobrará más fuerza que la del acceso a la propiedad por lo que habrá que adaptar las actuaciones.

En el plano de la economía, insistió en la necesidad de impulsar el sector productivo para equlibrar la preponderancia del turismo residencial y anunció que están estudiando la creación de una marca territorial como sinónimo de calidad.

Lasserre manifestó su deseo de que al Consejo de Electos sea el interlocutor más cercano a los electos locales y a los ciudadanos y, lamentando que «la descentralización en este país esté estancada», argumentó que la «única fuerza que se puede oponer a este estado de cosas es la fuerza de la cohesión local».

PERPLEJIDAD

La participación financiera que se exige a las instituciones locales ha dejado perplejo a más de uno. A la CABAB le requieren 65 millones de euros, a la Mancomunidad de la costa labortana 25 millones, y al Consejo General 230 millones.

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