Ramón SOLA

 

Nafarroa ha sido históricamente campo de experimentación política y policial. En 1996, de la mano del delegado Francisco Javier Ansuátegui, se ensayó un nuevo modelo que suponía un salto cualitativo frente a la kale borroka. Primero se creó la denominada «alarma social» con campañas mediáticas; luego, algunos políticos pidieron mano dura; llegaron las detenciones incomunicadas en cadena, de modo que inculpaciones forzadas en una fase desataran nuevos arrestos, y aunque ello supusiera incomunicar a menores de edad; en paralelo, se patentó la teoría de los «grupos Y», que, como reconocería Juan María Atutxa, no era más que una etiqueta destinada a elevar las penas de cárcel; y, como colofón, policías y fiscales ensalzaron públicamente su «eficacia» (en agosto de 1997 se jactaban de que 178 de los 248 detenidos por kale borroka en ese año lo habían sido en Nafarroa).

 

Esa bola engordó tras rodar y rodar durante aquellos meses, se paró luego durante años y se desinfló finalmente tras el juicio del pasado año, es decir, once años después. El caso se ha saldado con condenas mínimas al llegar al Tribunal Supremo español –la mayoría de aquellos jóvenes, ahora treinteañeros, habían pasado más tiempo del debido en la cárcel–. Pero sobra decir que esto ya ni ha sido noticia.

 

Precisamente, pocos meses después del final de ese macroproceso se ha puesto en marcha otra operación que recuerda a aquella de 1996-1997 que marcó una época y un diseño de lucha no sólo contra la kale borroka, sino contra la juventud en general. Los paralelismos son evidentes: de nuevo el run-rún que intenta crear alarma social (la Fiscalía dice que la kale borroka se ha disparado un 170% en Nafarroa), de nuevo detenciones incomunicadas que traen más detenciones, de nuevo denuncias de torturas de personas muy jóvenes, de nuevo hospitalizaciones, de nuevo arrestos de cuadrillas enteras, de nuevo negativas a recibir en el juzgado a personas que solicitan comparecer pero a las que se prefiere detener, y de nuevo declaraciones de la delegada española de turno glosando la eficacia policial.

El modelo ensayado en 2008, como el de 1996, es un salto adelante, pero un salto sobre el salto anterior, lo que lo hace más grave. Si en- tonces se pasó de las detenciones comunicadas a las incomunicadas, ahora se intenta saltar de las incomunicadas a las secretas: nadie supo que Alberto López Iborra estaba arrestado durante cinco días, y anteayer la Delegación del Gobierno llegó a afirmar que no tenía constancia de detenciones cuando ya se habían producido al menos dos, lo que recrea un espacio de impunidad absoluto. Del mismo modo, si entonces se recurría al paraguas de los «grupos Y», ahora se echa mano del de la «pertenencia a Segi», todavía más amplio e impreciso: «¿Cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus cargos en esa organización?», se preguntaban irónicamente algunos padres y madres la pasada semanas. Y si en 1996 apare- cían imputaciones desde el principio, ahora el propio jefe superior de la Policía española en Nafarroa no duda en admitir que ya verán de qué se les puede acusar.

 

Hay otra diferencia no menos sustancial. En aquel 1997, el presidente navarro, Miguel Sanz, decidió convocar a todos los partidos del Pacto de Iruñea para hablar de la kale borroka y pedir su aval a la macrooperación en marcha. Ahora ni siquiera ha hecho falta. Aquellos eran tiempos en que algunas denuncias de torturas llegaban al Parlamento. Pero la represión está hace tiempo fuera de la agenda política, sobre todo en Nafarroa. Y eso hace el modelo de detenciones de Sáiz y Rubalcaba mucho más peligroso todavía que el de Ansuátegui y Mayor Oreja.