El procesamiento del redactor de GARA Asier Velez de Mendizabal y del fotógrafo de la agencia Argazki Press Lander Fernández de Arroyabe por «delitos contra el orden público» es la continuación de un despropósito iniciado por la Policía Municipal de Iruñea el día 17 de junio, cuando varias personas, entre ellas un concejal, llevaron a cabo una protesta pacífica en el edificio consistorial, por la decisión de la Alcaldía de clausurar el despacho de ANV, que ambos periodistas cubrieron. Al parecer no fueron suficientes las malas formas de los policías locales -llegando a arrebatar la cámara a Fernández de Arroyabe-, y posteriormente incluyeron a ambos periodistas en el atestado junto a quienes llevaron a cabo la denuncia.

La Ley de Partidos que propicia la situación de apartheid político en Hego Euskal Herria es muestra del más que dudoso carácter democrático tanto del Gobierno español como de cualquier institución que acepta y actúa en la misma lógica excluyente. Y el hecho de que una protesta pacífica ante el atropello de una formación política con indudable apoyo ciudadano sea objeto de procesamiento judicial deja en evidencia las carencias democráticas.

En este caso concreto, además, se incluye entre los imputados a dos periodistas por el único motivo de realizar su trabajo (con su correspondiente acreditación); es absurdo e inaceptable, y un nuevo ataque a la libertad de prensa. No cabe pensar en confusión alguna a la hora de redactar el atestado por parte de la Policía Municipal, toda vez que ambos periodistas cubren habitualmente actos en ese Ayuntamiento. Tampoco en la redacción del auto de procesamiento, habida cuenta de que los directores de ambos periodistas, en la declaración previa ante el juez, acreditaron debidamente que su presencia en el Ayuntamiento obedecía a su deber profesional. Sin embargo, el auto ni siquiera menciona su condición de periodistas.

No es la primera ocasión en la que informadores han visto obstaculizada su labor y, si bien las actuaciones policiales que lo hacen resultan indignantes e inadmisibles, no lo es menos que un juzgado pretenda arropar jurídicamente un despropósito que, de tener continuación, sería algo más que un aviso del riesgo que corre todo aquel que actúe en consecuencia con su deber de recabar y ofrecer información veraz, y con el derecho de la ciudadanía a ser informada.