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Los residentes de Reina de la Paz anuncian más protestas mientras se entrevistan con el Ararteko

A.G. |

Portavoces de la asociación Ohianka anunciaron ayer que barajan la posibilidad de convocar una movilización, al margen de las concentraciones de los jueves, para exigir a BBK que reconsidere su proyecto de desalojo y derribo de la residencia de personas mayores Reina de la Paz. Hoy, expondrán al Ararteko su problemática y tratarán de recabar su apoyo, al igual que el de 12.000 ciudadanos que ya han respaldado sus peticiones a la Caja.

Tras su comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Gasteiz del pasado miércoles, los grupos parlamentarios, a excepción del PNV, han consensuado una proposición no de ley urgente que recoge las peticiones de los afectados. Desde Ohianka aventuran que la próxima semana la Mesa del Parlamento trate el asunto y éste sea elevado a Pleno en próximas semanas.

La proposición solicita la paralización del desalojo de los residentes que actualmente viven en el centro del barrio bilbaino de Ibarrekolanda. Además, se pide a BBK que presente el proyecto definitivo para la adecuación de la residencia a la normativa vigente, así como el calendario de obras, debidamente consensuado con ancianos y sus familiares.

Otro aspecto al que dan gran importancia es que la entidad de ahorro vizcaina respete «escrupulosamente» los derechos de las personas mayores, tal y como firmaron en su contrato de ingreso. Asimismo, demandan a la Diputación que otorgue las prórrogas y aplazamientos necesarios para que se ejecuten los trabajos de reforma.

Satisfechos

«El respaldo del Parlamento nos tranquiliza y nos llena de satisfacción, demostrándonos que estamos cargados de razones», manifestaron integrantes de la plataforma de apoyo. «Nos parece muy importantes que todos los partidos políticos -excepto el PNV-, sindicatos y asociaciones vecinales respalden nuestras reivindicaciones», apostillaron.

Para Ohianka, BBK debe «reflexionar sobre el sufrimiento que se está causando a los 325 ancianos desde el 20 de junio». Es más, acusaron a sus responsables de obviar los derechos de estas personas y de «coaccionarles» para que aceptasen el plan de desalojo del centro.

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