Agus HERNÁN | Enviado especial a Guatemala

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es, precisamente, uno de los seis ejes de debate que abordarán las miles de personas venidas de todo el continente al III Foro Social de las Américas que se desarrolla en Ciudad de Guatemala hasta el 12 de octubre, una fecha marcada en rojo en el calendario de estas comunidades.

En lengua quechua le llaman «sumak kawsay» (el buen vivir). Esta frase resume para los mayas todo un modo de vida en perfecto equilibrio con la naturaleza, con el reconocimiento de su lengua y cultura y con un mejor reparto de la riqueza y del ejercicio del poder. El buen vivir es su alternativa al modelo neoliberal.

Hasta la capital guatemalteca se ha acercado Humberto Cholango, presidente de la Confederación Quichua en Ecuador, que reúne a tres millones de indígenas de esta etnia. Los quechuas han sido protagonistas de la mayoría de levantamientos indígenas que han tenido lugar en Ecuador desde 1990.

Cholango explicó el proceso que llevó al pueblo ecuatoriano a aprobar, por primera vez -la nueva Constitución Política de Bolivia no ha sido todavía refrendada por la ciudadanía-, una Constitución que venía a compensar, en parte, una deuda histórica de negación y marginación. La Carta Magna impulsada por Rafael Correa, aprobada el 28 de setiembre, reconoce como Estado plurinacional a Ecuador, un país en el que conviven 14 nacionalidades y 16 pueblos que hasta entonces no tenían sus derechos reconocidos y eran utilizados «como un elemento folklórico de atracción de turistas».

Para este dirigente indígena, el nuevo texto constitucional «descoloniza la democracia, porque hasta ahora las constituciones en este país eran una mera copia de las de Occidente» y da paso a una «verdadera integración de los indígenas en todas las áreas de poder de manera efectiva y no como hasta ahora, que nos decían que ya estábamos en el poder porque éramos chóferes o conserjes de los ministerios».

La antepuso a otras constituciones que reconocían la existencia de estos pueblos pero no respetaban sus derechos. «Cómo se explica si no que, en 500 años, nunca un general del Ejército haya sido maya», se preguntó.

Humberto Cholango destacó la articulación de determinados mecanismos para que sea efectiva, como la creación de la «Sala Intercultural» en el Tribunal Supremo, que garantiza el respeto a las costumbres de estos pueblos en cuanto a la aplicación de la justicia; el reconocimiento, por el sistema educativo, de las 8.000 escuelas en lengua kichwa existentes, y la instauración de las «Circunscripciones Territoriales Indígenas» con extensos poderes de gestión.

«Es curioso que la mayor oposición venga de la Iglesia Católica, porque sigue pensando que los indígenas no somos capaces de ejercer el poder», enfatizó.

En relación a la oposición autonomista, recordó que «los que ahora defienden las autonomías son la oligarquía que en su día nos las negó cuando nosotros las pedimos» y sostuvo que es «una constitución que respeta nuestros derechos frente a objetivos soberanistas o separatistas».

En Guatemala reivindican

Mientras los pueblos indígenas de América Latina esperan que Bolivia apruebe su nueva y similar Constitución, Guatemala vive un proceso participativo que exige algo parecido. En Guatemala existen 21 pueblos indígenas integrados en la Coordinadora Nacional Indígena, uno de los grupos más activos en el III Foro Social de las Américas.

Según rememoró Guillermo Totchoc, en 2006 presentaron una propuesta similar que fue rechazada por el Congreso guatemalteco por «inconstitucional». Hoy todos los pueblos indígenas se hayan inmersos en una dinámica participativa para que su resultado sea un proyecto apoyado mayoritariamente y tenga cabida en la Constitución.

Así, han retirado toda demanda de autonomía y libre determinación e, incluso, una ley de consulta. El énfasis lo ponen en que el proyecto de ley respete el sistema de organización propio de los pueblos indígenas y su sistema educativo y adopte una posición clara en la lucha contra el racismo y la discriminación. Se basan, para ello, en la recién aprobada «Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas», que Evo Morales ha presentado ya como propuesta de ley en Bolivia.