La Asamblea de Mujeres de Bizkaia aseguró ayer en Bilbo que proseguirá con su campaña por la laicidad del Estado, incluida la recogida de solicitudes de apostasía para causar baja en la Iglesia, a pesar de que el Supremo español ha eximido en una sentencia a la institución religiosa de anotar en las partidas de bautismo el abandono de la fe católica de quienes así lo piden.

Tras mostrar su «perplejidad y asombro» ante la última resolución de la magistrada Margarita Robles y a la espera de que pueda ser recurrida ante el Constitucional, la Asamblea continuará mostrando el descontento que existe entre amplias capas de la sociedad «con la actitud de la jerarquía eclesiástica sobre muchos temas y particularmente sobre aquellos que más nos afectan, como la sexualidad o la interrupción voluntaria del embarazo».

Desbordadas por la respuesta social recibida y sin entrar en el «galimatías jurídico» que se ha creado tras la sentencia, consideran urgente que se establezca un modelo legal por el que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a dejar oficialmente de formar parte de la Iglesia y «a no ser contabilizada en las estadísticas que reflejan el número de personas católicas».

Para este colectivo, estas estadísticas, que consideró «fraudulentas», sirven a la Conferencia Episcopal para pedir más dinero público al Gobierno español, argumentando su «arraigo notorio».