Otros tres detenidos por la Policía española denuncian torturas
Fernando Grande-Marlaska envió ayer a prisión a los iruindarras Mikel Marin, Iker Aristu, Iñaki Marin y Diego Oktabio, a los que, al igual que a los jóvenes detenidos en anteriores operativos, les imputa su pertenencia a Segi, así como «estragos y daños terroristas». Tres de ellos denunciaron haber sido golpeados, amenazados y haber sufrido «la bolsa». Iñaki Marin presentaba incluso la camiseta ensangrentada.
Asier VELEZ DE MENDIZABAL |
Tras permanecer tres días incomunicados en manos de la Policía española, el magistrado Fernando Grande-Marlaska decretó ayer prisión comunicada y sin fianza para los cuatro jóvenes de Iruñea detenidos el lunes. En sintonía con las imputaciones atribuidas a los encarcelados en anteriores operativos policiales, sobre ellos pesan las genéricas acusaciones de militar en Segi, y «estragos y daños terroristas».
Después de reunirse con la abogada de confianza, tras comparecer ante Marlaska a lo largo de la mañana, Iker Aristu, Mikel Marin e Iñaki Marin denunciaron haber sido torturados, amenazados y fuertemente golpeados durante el periodo de incomunicación; este último denunció que la sangre de su camiseta se debía a un puñetazo que recibió en la nariz.
Según hizo público el movimiento pro-amnistía, a los tres jóvenes les han obligado a realizar flexiones mientras los policías les propinaban golpes en el cuerpo. Además, les aplicaron «la bolsa» en numerosas ocasiones, dejándolos sin respiración una y otra vez.
Según las mismas fuentes, también fueron objeto de un fuerte acoso sicológico; «los agentes los amenazaron constantemente y en la celda tenían la luz siempre encendida», impidiéndoles conciliar el sueño. Acerca de su traslado a Madrid, Mikel Marin denunció que fue de lo más duro; permaneció con los ojos tapados en todo momento y fue objeto de diversos golpes y amenazas.
Aristu, sin declaración policial
Mediante esas técnicas, Mikel Marin e Iñaki Marin fueron obligados a firmar la declaración que les ordenaron los policías, pero, sin embargo, Aristu no realizó declaración alguna. A este último, además, Grande-Marlaska únicamente lo interrogó acerca de su relación con la organización juvenil Segi.
El joven de Donibane Iker Aristu, de 20 años, fue encarcelado en la prisión de Alcalá-jóvenes, mientras que Mikel Marin, Iñaki Marin y Diego Oktabio fueron recluidos en la madrileña Soto del Real.
Cabe recordar que las detenciones de estos cuatro jóvenes se practicaron el lunes por la tarde en continuación con el operativo iniciado la pasada semana con el arresto de otros tantos jóvenes. Tres de ellos, Gorka Sueskun, Ibai Azkona e Iker Araguas, fueron enviados a la cárcel incomunicados el sábado, una situación que les prorrogaron hasta este martes.
El otro joven arrestado en aquel operativo, el barañaindarra Mikel Flamarike, fue puesto en libertad con restricciones judiciales. Todos ellos denunciaron haber sido víctimas de torturas y malos tratos en dependencias policiales.
El movimiento pro-amnistía denunció que estos hechos dejan de manifiesto que «el Ejecutivo de Zapatero piensa seguir utilizando la práctica de la tortura contra los independentistas vascos» y lamentó «la impunidad» con la que actúan las FSE en Euskal Herria.
A pesar de que a los cuatro jóvenes les fue levantada la incomunicación tras declarar ante Marlaska, no se les permitió recibir la visita de los allegados que se desplazaron hasta Madrid, aunque la abogada sí pudo reunirse con ellos.
Por la mañana, cerca de medio centenar de estudiantes de la UPNA se concentraron en el campus en apoyo a los encarcelados, y por la tarde, unas cuarenta personas se reunieron en el barrio de Arrosadia en solidaridad con su convecino Iñaki Marin.
Después de las denuncias de torturas y malos tratos hechas públicas por los jóvenes arrestados en Nafarroa estas últimas semanas, el parlamentario de NaBai y presidente de EA en Nafarroa, Maiorga Ramírez, pidió que se respeten los derechos de todos los detenidos e instó a no generar «espacios de impunidad que pueden amparar prácticas contrarias a los derechos humanos».
A juicio de Ramírez, el hecho de que «se sucedan denuncias de prácticas de tortura constituye un escándalo democrático», por lo que exigió al Estado español que adopte «medidas serias» para que «sea la propia ley la que garantice el respeto a los derechos humanos en su totalidad, también, por supuesto, en las detenciones y en las cárceles».
«No es asumible, de ninguna forma, que un Estado que se considera democrático permita la creación de espacios de impunidad a través de la propia ley», denunció el parlamentario de Nafarroa Bai, al tiempo que hizo un llamamiento al resto de formaciones políticas que conforman el Parlamento navarro a que «se sumen a este compromiso y dejen de mirar a otro lado con una actitud de hipocresía barata».
