Abogados catalanes piden despenalizar el delito de injurias a la Corona
Setenta juristas y profesionales de la abogacía de los Països Catalans impulsan un manifiesto para rechazar la persecución de quienes se expresan públicamente en contra de la Monarquía. La presentación coincide con la apertura de un nuevo proceso contra cuatro independentistas por quemar retratos del rey español el 11 de septiembre. El texto también lamenta el juicio del 29 de octubre contra 16 antimonárquicos en Madrid.
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Laia ALTARRIBA i PIGUILLEM
El manifiesto por la despenalización del delito de injurias a la Corona se presentó ayer viernes en los colegios de abogados de Barcelona, Valencia, Lleida, Alzira (en el País Valencià) e Illes Balears. El objetivo es que sus decanos lo difundan entre los colegiados para recoger apoyos. En los próximos días, se presentará en el resto de colegios de abogados de los Països Catalans.
Como acto simbólico, las adhesiones que sean recogidas hasta finales de octubre serán entregadas al abogado Benet Salellas, para que las presente en la Audiencia Nacional española el día 29. Ese día, Salellas defenderá en Madrid a las 16 personas de Girona que, en un acto público de solidaridad con los dos primeros condenados, también quemaron retratos del rey español.
El texto de los abogados sustenta su petición de despenalizar este delito en que la Corona está sobreprotegida, lo que es «difícilmente compatible con el derecho fundamental a la igualdad que establece el artículo 14 de la Constitución española y también con un Estado democrático». Además, incide en que esta penalización «constituye una limitación directa del ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de la ciudadanía, y que a menudo son usados para condenar determinadas opiniones políticas».
Nuevos imputados
La presentación del manifiesto de los abogados coincide con la apertura de una nueva causa contra una acción antimonárquica. Hace una semana se conocía por filtraciones en la prensa que la Audiencia Nacional ha citado a cuatro personas por la quema de un retrato de los reyes españoles al finalizar la manifestación de la izquierda independentista el 11 de setiembre pasado. Sólo una de estas personas ha recibido la citación, en la que se le acusa de «ultraje a España» e «injurias a la Corona», y se le cita el próximo 21 de octubre por la mañana en el tribunal especial en Madrid. Las otras tres personas cuyos nombres difundió la prensa aún no han recibido notificación, pero Martí Majoral, de la organización antirrepresiva Alerta Solidària, da veracidad a la noticia y sospecha que la semana que viene la recibirán también.
Con estos cuatro son ya 28 los ciudadanos catalanes imputados por la Audiencia Nacional en el último año por quemar retratos de los reyes españoles. Dos de ellos, los primeros contra los que actuaron los jueces, han sido condenados, los casos de otros tres se encuentran en fase de instrucción, la causa contra cuatro más ha sido archivada y otros 16 serán juzgados el 29 de octubre.
Sorpresa
La apertura del caso por la quema del 11 de setiembre ha sorprendido a Alerta Solidària. Martí Majoral explica a GARA que la dinámica de los últimos meses había sido archivar alguna de las causas abiertas o hacer la vista gorda ante las sucesivas quemas de banderas y «sorprende que retomen el espiral represivo. Con la apertura de este caso están avivando de nuevo el fuego y dan más argumentos para continuar la dinámica de quema de retratos. Si dejaran de citar gente a la Audiencia Nacional el caso perdería interés y no habría más quemas», asegura.
Entiende que «el nuevo proceso responde a un error dentro del propio sistema, a un fiscal que ha decidido actuar por la razón que sea». y añade que «no se entiende que hace unos meses, de manera razonada, pararan la dinámica represiva y ahora se vuelva a abrir».
Al margen de la represión por acciones concretas, las últimas semanas se ha puesto de nuevo en evidencia que los cuerpos represivos vigilan de cerca las reuniones de la izquierda independentista, especialmente en el País Valencià.
El último caso sucedió el 21 de setiembre, cuando la Guardia Civil hizo presencia ostentosa en los alrededores del local donde había una reunión de Endavant en Castelló de Rugat (Vall d'Albaida). A lo largo del día hubo agentes uniformados y de paisano en los alrededores y cachearon a uno de los asistentes.
Éste no es un hecho aislado en el País Valencià. Sucedió algo parecido en mayo: Controles en los alrededores de otra reunión de Endavant y el registro de un autocar fletado por el SEPC (el sindicato estudiantil de la izquierda independentista) que se dirigía a un encuentro, los dos casos cerca de Castelló de la Plana.