El Parlamento de Gasteiz rechazó ayer el intento de PP y PSE de eliminar los derechos lingüísticos del Estatuto de las Personas Consumidoras. Ambos partidos proponían la derogación del capítulo VII de la Ley aprobada en 2003 y del decreto que la desarrolla. Se trata de un precepto que afecta a las empresas y comercios que tengan más de 250 trabajadores, a las que acumulen un volumen de negocio superior a 50 millones de euros anuales y a las que dispongan de una superficie superior a 400 metros cuadrados.

Según el PP, la ley es «un ataque directo» a las personas que no dominan el euskara, cuyos puestos de trabajo podrían estar «en riesgo» ante la necesidad de que las empresas afectadas dispongan de personal capacitado para atender en esta lengua. Su portavoz recordó que el Estatuto garantiza el derecho de los vascos a usar el euskara, pero «en ningún caso» establece obligación alguna.

Por el PSE intervino Idoia Mendia quien defendió la necesidad de «proteger el euskara», pero advirtió de que esto no puede llevarse a cabo a través de «imposiciones y sanciones». Reconoció la conveniencia de impulsar el bilingüismo y de aportar ayudas para este objetivo, pero consideró que los poderes públicos no deben «ir más allá» ni intervenir en «la libertad de los ciudadanos para elegir el idioma en el que desea desarrollar sus relaciones personales y comerciales».

La propuesta fue sometida a votación y rechazada finalmente con los votos de PNV, Ezker Abertzalea, EA, EB y Aralar, quienes denunciaron la incoherencia entre los anuncios del PSE, pretendidamente en defensa del euskara, y su actuación en la materia.