Mi nombre es Fabiola Lalinde, soy la madre de Luis Fernando Lalinde, militante del PC (M-L), detenido-desaparecido-torturado y escondido su cuerpo en la raíz de un árbol en lo alto de una montaña por la Patrulla Militar Nº 22 del Batallón Ayacucho de Manizales, el 3 de octubre de 1984. 24 años recorriendo los caminos de la noche y la niebla en busca de los desaparecidos es toda una experiencia que no se adquiere ni en la mejor universidad del mundo, con el agravante que solamente los busca la familia, por la sencilla razón de que en este delito de lesa humanidad están comprometidos organismos de Seguridad del Estado y/o las Fuerzas Armadas». «(...) La búsqueda de la verdad sobre la suerte corrida por Luis Fernando duró 4.428 días ininterrumpidos hasta el 18 de noviembre de 1996 cuando logramos rescatar sus restos, plenamente identificados, e inhumarlos después de superar toda clase de dificultades y obstáculos, jamás imaginados. (...) Pero está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella porque la justicia es el único derecho que les queda a nuestros desaparecidos, sometidos a toda clase de tratos crueles, degradantes y macabros».

«(...) Pagar indemnizaciones mínimas, por prejuicios morales, sin reparar los daños a la dignidad, la estabilidad de la familia y los proyectos de vida truncados se convierte en una ofensa, en una falta de respeto y un atropello más».

«El expediente de Luis Fernando pesa 25 kilos, pero ¿cuántas veces han tenido que escribir y pronunciar su nombre en los tribunales y juzgados?». Fabiola Lalinde prestó su testimonio en el marco de la Audiencia Pública sobre desaparición forzada convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado el pasado 9 de setiembre en Medellín.

«Ríos convertidos en cementerios»

Lo descrito no es un hecho aislado ni del pasado. Es más, este crimen de lesa humanidad se ha ido extendiendo a muy distintos sectores de la sociedad con el fin de «generar terror entre la población», tal y como subraya a GARA Alejandro Sierra, secretario del Movimiento de Víctimas de Antioquia.

Se calcula que los últimos 40 años han dejado un saldo de 30.000 desaparecidos. Es en 1977 cuando se registra y reconoce el primer caso de desaparición forzada como «modalidad represiva para eliminar opositores políticos». Se trata de Omaira Montoya, militante de izquierda y bacterióloga de profesión. En el momento de su detención estaba embarazada de tres meses.

«Las estadísticas, por cierto contradictorias, precarias y muchas veces inconsistentes, pueden llegar a ser superiores a las del secuestro», concluyen el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Capítulo Antioquia-, y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL) en el informe que presentaron el 9 de setiembre en Medellín.

En él constatan «el aumento de las desapariciones, sobre todo, a partir de los años 80 cuando los grupos paramilitares retomaron la práctica como una de las modalidades de agresión contra los campesinos, a quienes detenían, torturaban y desaparecían para apropiarse de sus tierras y bienes».

Muchas de las víctimas, añaden, «terminaron en los grandes ríos del país sin que hasta ahora se pueda establecer su paradero. Sólo se cuenta con la denuncia de las familias y las comunidades que han dado a conocer los hechos, o los testimonios de las familias ribereñas que han contado cómo los ríos se convirtieron en cementerios que llevaban día a día los cadáveres de las víctimas». De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, en los primeros cinco años de mandato de Álvaro Uribe (2002-2007) y bajo su «Política de Seguridad Democrática», los paramilitares cometieron 3.907 homicidios y desapariciones forzadas no políticas.

Igualmente, durante el mismo periodo documentó 11.292 muertes y desapariciones forzadas por razones políticas, de las cuales en el 75% ha constatado la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública.

Desde su experiencia, Sierra resalta que existen «diversas modalidades» de desaparición forzada. «Una, por tendencia ideológica; se hace desaparecer a los opositores, en especial, a los del Partido Comunista. Con el tiempo, este tipo de accionar se empezó a aplicar contra la población para generar terror y legitimar la presencia de grupos paramilitares que se dedican a hacer `limpieza social' atacando a drogadictos, indigentes, trabajadores del sexo, gays, lesbianas y transexuales. El perfil de las víctimas ha variado mucho porque los paramilitares han aprendido a hacer acciones para causar terror. Las desapariciones pueden darse de manera aleatoria, lo que genera un mayor pánico».

Tras años de lucha y revindicaciones, lograron que a principios de 2000 la desaparición forzada fuera catalogada como «crimen de lesa humanidad». Ese año, el Congreso colombiano aprobó la Ley 589 que reconoce la existencia de este delito y establece sanciones para los responsables. Pero a partir de esa fecha, subraya Sierra, las amenazas y ataques se dirigieron contra las organizaciones no gubernamentales que se hacían eco de las denuncias.

Miedo a denunciar

A modo de ejemplo, recuerda la desaparición de dos miembros y la intervención de las líneas telefónicas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), creada en 1982 a raíz de la detención y desaparición de 13 personas, en su mayoría estudiantes, de las Universidades Nacional y Distrital de Bogotá.

«Son muchos los casos de quienes te dicen `me desaparecieron a mi hijo, esposa, pero me da miedo denunciarlo por si me pasa algo a mí o al resto de la familia'. Y cuando han ido a presentar la denuncia, el Estado no se presta e intenta evadirse de la investigación», remarca Sierra. «Es muy duro para los familiares ver que no pueden expresar públicamente su dolor porque, incluso, se les ha dado a entender que `si desaparecieron fue por algo'. Desde instancias religiosas y oficiales les han llegado a decir que `se iban de los hogares simplemente para no responder por sus hijos'. Algunos medios y los grupos económicos que los respaldan se han prestado para legitimar la desaparición o autocensurarse a la hora de denunciar la desaparición forzada».

Extradición de paramilitares

Sin registros oficiales fidedignos y ante la pasividad y complicidad de las autoridades e instituciones, la búsqueda de la verdad se convierte en un tortuoso camino que, a duras penas, logra quebrantar ese grueso manto de silencio. A ello se añade la reciente extradición a EEUU de los principales líderes paramilitares por narcotráfico, un nuevo mazazo para las víctimas.

«Las extradiciones afectan a la soberanía del país y entorpecen el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Para este presidente -en alusión a Álvaro Uribe- es más importante juzgar a una persona por narcotráfico que por crímenes de lesa humanidad. Ahora ya no están obligados a decir nada, por lo que muchas acciones no se conocerán ni tampoco su vínculos con políticos y empresarios. Al extraditarlos, el Gobierno se ha quitado a esas personas de encima», denuncia Sierra.

Además, si les aplicaran el plan de protección de testigos, podría darse el caso de que, incluso, cambiaran de identidad.

Un decreto insuficiente

En abril de este año entró en vigor el Decreto 1290 de reparación vía administrativa de las víctimas, eso sí, a titulo individual. «Reglamento que, de entrada, trata de eximir al Estado de su responsabilidad. El Gobierno de Uribe pretende limitar el reconocimiento de la calidad de las víctimas mediante un procedimiento en el que éstas tienen la carga de prueba. La dimensión colectiva de las víctimas no está contemplada y, por tanto, no abarca medidas de reparación para las violaciones de derechos humanos a comunidades étnicas, campesinas, políticas y sociales, pese a que la afectación a las comunidades ha sido una de las características principales de violaciones de derechos humanos», lamentan el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y CODEHSEL.