¿Cuáles fueron las principales conclusiones de su estudio sobre el paramilitarismo?

La principal conclusión fue la relación entre la expansión paramilitar (1999-2004) y la emergencia de fenómenos políticos diferentes a los partidos tradicionales. Mientras se expandía el paramilitarismo aparecían de la nada movimientos y partidos que registraban unas votaciones altísimas, algo muy extraño en Colombia, que era y sigue siendo bipartidista. La parapolítica, esa relación entre políticos y paramilitares, llegó a controlar el 40% de los municipios del país. El estudio acabó con la idea de que Colombia es la democracia más estable de América Latina.

¿Cómo se explica esa gran expansión?

El paramilitarismo en Colombia tiene tres orígenes. Uno es narcotraficante, con ejércitos privados de corte paramilitar ligados a la fuerza pública; otro contrainsurgente, con la creación a instancias del Congreso, aunque luego fueron declaradas ilegales porque cometieron cantidad de violaciones de los derechos humanos, de las autodefensas campesinas (Convivir), y un tercero muy ligado a la política, con ejércitos privados al servicio de un gamonal político y muy unidos a la fuerza pública.

En Colombia, el fenómeno de política con violencia ha sido recurrente. En los años 80, las guerrillas utilizaron también la misma lógica, la búsqueda de políticas favorables a través del uso de la violencia. En los 90, se da una coexistencia entre los políticos locales que querían saltar a la arena política, los emergentes, y aquellos que no querían abandonarla.

Se ha denunciado que paramilitares, policías y soldados presentan a sus víctimas como guerrilleros caídos en combate.

Antes los arrojaban en una fosa común y se acabó. Esto pasa ahora por la metodología que tiene este Gobierno de medir la eficiencia del Ejército, contando eficiencia con número de muertos, con carne y sangre. Soldados y mandos medios del Ejército cuando asesinan campesinos en las zonas rurales, pero también a `marginales' de la sociedad, los visten de guerrilleros y los cuentan como bajas para ganar en efectividad y porque, así, una parte de los homicidios políticos pasan a integrar esas estadísticas. Es la jugada maestra estadística del Gobierno. Se reducen los homicidios políticos, porque son atribuidos a la delincuencia común y a sicarios, y sube la eficiencia del Ejército.

Ahora se habla de los Águilas Negras. ¿Son la continuación de aquellos grupos paramilitares o un fenómeno nuevo?

Son las dos cosas. Hubo varios problemas con el proceso de paz. Ni el Gobierno ni el país sabían con quién se estaba negociando, quiénes eran los jefes, no se sabía nada del paramilitarismo. Funcionaban de forma satelital. Se desmovilizaron 53 jefes que tenían vínculos altísimos con el narcotráfico y quedó una cantidad impresionante de mandos medios que no entraron en el proceso de desmovilización o lo hicieron de forma ficticia, y ellos están reproduciendo aquel fenómeno, que cada día crece y está más armado.

Pero hoy es un fenómeno mucho más complejo. Son un grupo más urbano, con una vinculación más criminal y más ligados al narcotráfico. Se habla de una cuarta generación del paramilitarismo. Al hablar de paramilitarismo se le está concediendo cierto estatus político y a este tipo de grupos el estatus político es algo que la sociedad no les puede volver a conceder.

¿Qué impacto ha tenido la parapolítica en los ámbitos institucional, social...?

Ha tenido dos. Uno, la arremetida brutal del Ejecutivo contra el poder judicial, presionándole para que suspenda sus actuaciones o favorezca a los políticos de la bancada del Gobierno o cercanos a él que están involucrados. A nivel más social, la movilización contra este fenómeno de la sociedad civil, que en las elecciones de 2007 consiguió recuperar para la democracia una cantidad de territorios que habían sido ocupados por estos jefes paramilitares, por esa alianza entre legalidad-ilegalidad y criminalidad. Lo que no existe a nivel social es una percepción de la conexión entre este fenómeno y el Ejecutivo. El Gobierno piensa que es una amenaza contra la figura del presidente, cuando de lo que se trata es de mostrar a la sociedad algo que pasó y no se puede negar, que puede volver a pasar y que lo tiene todo para seguir pasando.

El desplazamiento de indígenas y afrocolombianos para arrebatarles sus tierras es constante en la acción paramilitar. ¿Se ha revertido el proceso una vez recuperados esos territorios?

La concentración de la tierra era un objetivo del paramilitarismo en los años 90, cuando empezó su expansión, para implantar la agroindustria pesada. Esas comunidades tienen derechos colectivos sobre la tierra y si no se les puede sacar por la vía legal para plantar un cultivo de palma, se recurre a ejércitos ilegales. Hoy la tierra está un 30% más concentrada que al inicio de la expansión.

El fracaso absoluto de la política frente al proceso de paz ha sido con respecto a las víctimas, sobre todo en el tema de la tierra. Puede ser un proceso largo, pero para iniciarlo se necesita voluntad política, que no existe en este momento. No se ha avanzado nada, no se ha reparado a una sola víctima, y la posición del Gobierno es ambigua. Además, la corrupción, sobre todo en el instituto encargado del tema agrario, ha favoreciendo a amigos del Gobierno con la tierra que debía ser devuelta a la población desplazada.