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LAB denuncia «el aumento de la corrupción» en el Gobierno navarro

LAB presentó ayer el «Libro negro de la corrupción blanca en la Adminsitración del Gobierno de Navarra». El dossier aborda «la consolidación de las corruptelas», así como la conformación de «un entramado funcionarial paralelo con jugosísimos intereses económicos». La central sindical destaca que «este entramado está auspiciado, o cuando menos consentido, por los partidos políticos».

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Juanjo BASTERRA |

LAB presentó ayer en Iruñea el «Libro negro de la corrupción blanca en la Administración del Gobierno de Navarra» que detalla las «irregularidades y corruptelas» del Gobierno foral que preside Miguel Sanz, por lo que reclama «una democratización de la administración foral».

En la presentación del mismo, Arantza Sarasola, secretaria de la Federación de Servicios Públicos del sindicato, señaló que los gobiernos autonómicos, tanto el de Gasteiz, controlado por el PNV, como el de Iruñea, por UPN, «gestionan en función de sus intereses». Igor Arroyo, responsable de LAB en Nafarroa, recordó que en la polémica que mantiene UPN con el PP «se nos dice que el Gobierno de Sanz defiende los intereses de Navarra. Nada más lejos de la realidad, lo que defiende son sus propios intereses económicos».

En el ámbito laboral, Arroyo destacó que el Ejecutivo de Nafarroa está planteando que «sean los trabajadores los que se aprieten el cinturón ante la crisis económica» y «nos ponen como ejemplo -según explicó- que se han congelado los sueldos. Es un ejercicio de cinismo considerable, puesto que en el informe se presentan datos de sobresueldos que perciben ellos y sus amigos en las sociedades públicas».

Sabino Cuadra, representante en la Administración pública navarra, realizó un repaso del informe «que supone la denuncia de la estructura jerárquico-burocrática de la Administración foral, la privatización de los servicios públicos y la proliferación de empresas públicas para garantizar sus intereses». Precisó que «la democracia no ha llegado a la Administración foral» ya que «sigue convertida en un foco de amiguismo y un coto de corruptelas». El informe señala que «tras el franquismo, la costumbre del enchufismo lejos de desaparecer se acrecienta con los distintos gobierno `democráticos' independientemente del partido político que gobierne».

LAB explica que ha estudiado 4.169 puestos de trabajo de la Administración pública en 2007 que demuestra que 901 puestos «corresponden a jefaturas. Si se suprimeran la mitad y se repartieran los complementos de 281.750 euros al mes entre el personal de los niveles bajos, daría para una subida lineal individual de 64,1 euros al mes».

Jefaturas unipersonales

Sabino Cuadra precisó, en este caso, que «una de cada cuatro trabajadoras posee alguna jefatura o dirección». El organigrama promedio -según el informe- muestra que «por cada director general existen algo más de dos directores de servicio, ocho jefaturas de sección y nueve de negociado». Se produce la «irregularidad» de que 55 jefaturas de sección y 252 de negociado «no cuentan con más personas que aquella que ocupa el puesto de jefe de la misma».

El representante de LAB confirmó que «existe una hipertrofia injustificada de jefaturas y cargos dentro de la estructura administrativa del Gobierno de Navarra».

En este caso, el libro desvela que «la razón principal que justifica este despropósito organizativo fue confirmado en su día por la Cámara de Comptos, destacando que se está dando una utilización de la estructura administrativa -jefaturas- con fines meramente retributivos, no de mejora de la propia organización». LAB denuncia el aumento de la «burocratización», del «sexismo y machismo» y «la marginación del euskera».

Cuadra, por otro lado, destacó la elevada precariedad laboral de la Administración pública navarra, por encima del resto de las comunidades autonómicas.

El trabajo denuncia que en Nafarroa se ha profundizado en la «política de privatización de los servicios públicos, que no sólo se ha relacionado con los gobiernos de derechas, sino que con el PSN también se produjo». Pone como ejemplo el «vaciamiento y privatización» de los departamentos de Bienestar Social, Salud-Osasunbidea y Educación».

En este ámbito se crearon empresas públicas que ofrecen «sobresueldos a los responsables del Gobierno». Existen 32 empresas públicas que generan 300 designaciones en consejos que están ocupados por 205 personas diferentes del gobierno, que perciben importantes dietas por su participación».

 
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