La pasada semana, el presidente de la Junta de Bardenas y ex diputado de UPN, José Antonio Gayarre, apostó públicamente por un nuevo convenio que permita al Ejército español seguir en el polígono de tiro durante unos quince años más. Ayer, el tema llegó al Congreso a través de una pregunta de la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, explicó que a ellos les gustaría en realidad continuar allí «30 años, si es posible».

Esta afirmación fue recibida con sorpresa y malestar por Barkos, que afirmó que es «lo peor» que se podía esperar. Barkos apuntó que ni el franquismo hubo un convenio tan largo. El firmado en 1951 establecía un plazo de 25 años renovables por otros 25. Posteriormente, en 2001, el Gobierno del PP y la Junta de Bardenas pactaron otro para siete años, que caduca este 31 de diciembre.

La diputada de NaBai reprochó además a Chacón la incoherencia del PSOE, por sus numerosos posicionamientos en fa- vor del desmantelamiento del polígono de tiro, algo que UPN también ha hecho. En concreto, espetó a la misma que «el 15 de junio de 2004, el PSOE votó a favor de encontrar una alternativa a este polígono de tiro en términos medioambientales, de seguridad, de desarrollo socioeconómico serio y sostenible».

La titular de Defensa le replicó que ya en mayo expuso en el Congreso que no se había hallado ningún emplazamiento alternativo.

Para defender la continuidad del polígono, Chacón se aferró al nuevo argumento patentado por su antecesor, José Antonio Alonso: que la presencia militar es beneficiosa para el medio ambiente. El territorio de Las Bardenas está catalogado como Parque Natural y como Reserva de la Biosfera de la Unesco.

La ministra dijo que el mantenimiento del polígono hace que la flora y la fauna «tengan la mejor protección». Y aludió también a la que en fechas recientes un «estudio independiente» ha concluido que en el polígono no se ha utilizado uranio empobrecido.

Prometió además que el nuevo convenio incluiría planes de inversiones y actuaciones de carácter social que no precisó.

Denuncias diversas

La Asamblea anti-Polígono manifestó su «perplejidad y disgusto», aunque consideró también «lógico» que el Ministerio de Defensa tenga estas pretensiones ante unas instituciones navarras «totalmente sometidas a intereses ajenos».

IUN, por su parte, habló de «escándalo» por los 30 años citados por Chacón. Y la izquierda abertzale fue más allá e incidió en que «la ciudadanía navarra debe poder decidir sobre su futuro. La única posibilidad de que imposiciones así no se sucedan es el respeto a la libre decisión de Euskal Herria».