Siguiendo el guión previsto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ayer recurso contra la decisión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar los crímenes de la guerra del 36 y la dictadura de Franco. El recurso mantiene, entre otros aspectos, que los hechos que pretende investigar Garzón son delitos comunes y no crímenes contra la humanidad, por lo que correspondería abordarlos a los juzgados territoriales.

Dejando a un lado los particulares intereses que mueven al juez Garzón en este caso y los aspectos más inextricables del procedimiento jurídico, resulta tan doloroso como indigno escuchar de boca de un representante del Gobierno del PSOE -no conviene olvidar que la Fiscalía General depende directamente del Ministerio de Justicia- que los atroces crímenes cometidos por la dictadura de Franco fueron simples delitos comunes. Cuando las lacerantes imágenes de las fosas comunes ahora exhumadas cubren las portadas de los periódicos, el Estado cierra filas. Cuando el pasado y el presente tienden a reunirse, el futuro está en juego. Y es entonces cuando afloran con fuerza las deudas y servidumbres de la implacable herencia franquista.