La Asociación Salhaketa-Iruñea tiene como uno de sus fines el trabajo por la defensa de los derechos humanos de todas las personas presas, que en uno u otro lugar del mundo tienen privada su libertad, y la difusión y concienciación social de la situación en la que esta población se encuentra. Partiendo de esta defensa inquebrantable de los derechos fundamentales de los presos, desde el derecho a la vida hasta el derecho a la salud o a la educación, y creyendo estar en la necesidad de aclarar que esta defensa en ningún caso puede justificar el delito, siempre la hemos extendido a toda la sociedad en general y a todo ciudadano en particular. Es por ello por lo que, antes de que podamos hablar de personas presas, nos adelantamos para defender los derechos civiles, políticos y humanos de todos creyendo que es desde este respeto desde el cual una convivencia social pacífica es posible. Además sostenemos la racional, y por otro lado evidente idea, de que Derecho Penal, consecuencias penales y ejecución penal están íntimamente relacionados, son los vértices fundamentales y van de la mano en la construcción de la política criminal de un país. Es así que dicho esto y justificando nuestra competencia en la materia, es en esta ocasión en torno a este último extremo al que nos queremos referir.

Son los acontecimientos que en los últimos meses se están sucediendo en Nafarroa y, recientemente, en Iruñea y su comarca los que nos vuelven a obligar a pensar qué está ocurriendo con la política criminal del Estado español. Es una evidencia palpable que desde el año 1997, aproximadamente, el diseño del Derecho Penal antiterrorista español y una fuerte politización de la justicia han alcanzado una inusitada extensión. Junto a esto tendríamos que añadir otras cuestiones de política criminal que pretenden atender distintos problemas sociales instrumentalizando la prisión como única solución ante ellos: las modificaciones penales producidas ante el desgraciado fenómeno de la violencia de genero, la prisión preventiva cada vez más alejada de su necesario carácter excepcional, la creación del periodo de seguridad ante quien no pueda pagar responsabilidades civiles (tan próximo a la prisión por deudas), la criminalización cada vez mayor del emigrante ilegal o del enfermo mental, etc. Sirviendo de parche en una balsa que sigue perdiendo aire.

La construcción de un derecho penal especial y excepcional para estas personas, que ha seguido y sigue la senda del denominado por los expertos derecho penal del enemigo, manda a prisión cada vez a más personas (estando en récord histórico en cuanto a número de presos). La aplicación a todas las personas presas de la llamada «doctrina Parot», que tenemos que relacionar con la campaña del «caso Mariluz», dando pasos hacia el cumplimiento íntegro de las penas e, incluso, apareciendo en el horizonte la posibilidad de la cadena perpetua. Establece penas que rozan la inconstitucionalidad o, más importante todavía, los derechos humanos, decretan prisiones preventivas de manera sistemática y, por si fuera poco, han sacado a la palestra la discutida cuestión de las medidas de seguridad una vez cumplidas las penas de prisión correspondientes.

Lo que ha sucedido y está sucediendo estos meses en Nafarroa no es otra cosa que un fruto de ésta política. De una política antiterrorista de mano dura y de excepción que genera la criminalización de todos los actos y manifestaciones de protesta por la misma, así como de familiares, amigos y de todas aquellas personas que, por entender que lo que está pasando en su entorno más cercano es cuando menos discutible, acuden a las mismas. De una política que no termina de proteger realmente a la víctima de la violencia machista. De un política que aumenta el número de emigrantes en prisión (en especial con las últimas directivas europeas que permiten la estancia en centros de internamiento de hasta 18 meses para el extranjero con orden de expulsión ). De una política que fomenta la estancia de enfermos mentales en las cárceles. De una política que se enfrenta al fenómeno de las drogas sólo castigando. De una política que da la espalda a los específicos problemas de la sociedad, ya que trata de solucionarlos exclusivamente con Derecho Penal.

Desde Salhaketa queremos con esto transmitir la idea de que la política criminal que desde hace años se está llevando a cabo vulnera los principios básicos del Derecho Penal y quebranta las bases de una pacífica convivencia en sociedad. Como se decía antes, toda esta política criminal genera no más que una mayor conflictividad social, a pesar de que haya quien piense lo contrario, que ésta se reduce, porque ya se sabe: «muerto el perro, se acabó la rabia».

Ésta es, sin duda, una política que abandona el camino del trabajo en medidas no sancionadoras, de tipo social, educativas, dialogantes... que permitirían abordar las causas del delito y su reproducción, en favor de medidas penales que buscan crear cada vez más cárceles y más presos sin solucionar realmente el problema.

Una política criminal exclusivamente de mano dura, un derecho penal de enemigo y el recorte de libertades que, sin duda, de manera más o menos directa todos sufrimos no es ni será en ningún caso, queridos compañeros, solución de nada.

(*) También firman este artículo Guadalupe Serrano, Maite San Pedro, Jaione Garcia, Juana Libertad Frances, Paz Frances, Irantzu Baltasar, June Donemiliaga y Estibaliz Yanguas.