Acuerdo presupuestario PSOE-PNV
PSOE y PNV mantendrán en secreto los detalles de su pacto
A pesar de que los líderes del PNV insistieron ayer en que la Comunidad Autónoma Vasca ha conseguido la transferencia de la competencia exclusiva de I+D+i, lo cierto es que el Gobierno español seguirá manteniendo también competencias en esta materia. Por lo tanto, la transferencia no es más que un «ajuste financiero», valorado en 86,8 millones de euros, que no llegan ni a la mitad del gasto de Lakua en esta materia.
I. IRIONDO | GASTEIZ
PSOE y PNV cerraron ayer su acuerdo presupuestario. José Antonio Alonso y Josu Erkoreka explicaron con distintos matices las líneas generales del pacto, aunque su textualidad y sus detalles concretos se mantendrán en el ámbito interno de ambos partidos y no se harán públicos, según manifestaron ayer a GARA fuentes de las dos formaciones.
El eje central del acuerdo, al menos en su expresión pública, es la referencia a la competencia de Investigación, Desarrollo e Innovación. El Grupo Vasco en el Congreso remitió una nota que se titula «EAJ-PNV consigue la transferencia de la competencia exclusiva de I+D+i para Euskadi». En similares términos se expresó el presidente del EBB, Iñigo Urkullu.
Entre tanto el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, habló de «una competencia concurrente» y que lo que se había acordado es «traspasar a la comunidad autónoma funciones y servicios para que pudiera ejercerla».
¿Quién tiene razón? Pues como en el ejercicio de la competencia de I+D+i, ambas partes en su medida. Según el Estatuto la competencia de investigación es exclusiva en cooperación con el Estado, y según la Constitución «el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica» es competencia exclusiva del Estado. Así que el Tribunal Constitucional determinó que en estas materias no hay impedimento para que ambas administraciones actúen a la vez en un mismo territorio, sumando sus intervenciones.
Por lo tanto, como reconoció Josu Erkoreka finalmente, el ministerio que dirige Cristina Garmendia seguirá desarrollando su actividad en la CAV en coordinación con las instituciones autonómicas con «un reparto de fondos más equitativo».
En una entrevista de este fin de semana, el propio Erkoreka explicaba que «lo que llamamos transferencia propiamente no es, porque el Estado apenas tiene medios dedicados a la investigación en Euskadi» y añadía que «por eso, lo que nosotros llamamos transferencia es un ajuste financiero».
Gasta 190, recibe 86,8
Ese ajuste financiero se ha concretado en 86,8 millones de euros que serán descontados el próximo año del Cupo que la CAV paga al Estado, pero no se han facilitado datos para saber cómo se ha calculado esa cantidad.
Lo que sí se conoce es que, según los datos ofrecidos por el Gobierno de Lakua en los presupuestos de 2008, la Administración Autonómica preveía gastar 190,27 millones de euros en investigación este año, por lo que la cifra pactada no alcanza ni para hacer frente a la mitad de todo ese gasto.
Además, según informaron desde el PNV en años anteriores, para el 2007 el acuerdo presupuestario con el Gobierno español había supuesto unos 100 millones de euros para investigación y el de 2008 unos 74. Por lo tanto, esos 86,8 millones son lo que el Estado venía gastando en investigación en la CAV.
En cualquier caso, Josu Erkoreka ha calificado el acuerdo como «excelente», a lo que ha añadido que sin duda «es bueno para Euskadi porque sienta las bases para avanzar en la modernización de nuestras estructuras económicas». En este sentido añadió que es «una apuesta clara por la economía productiva vasca porque todas las contrapartidas conseguidas en esta negociación se vinculan a la mejora de las estructuras económicas de manera que cuando salgamos de esta situación de crisis, lo hagamos sobre bases más modernas, más competitivas y menos proclives a aumentar el déficit exterior que, como ustedes saben, es uno de los grandes males de nuestra economía».
Además, el acuerdo incluye «la equiparación de los agentes de la Ertzaintza a los agentes de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a efectos de edad de jubilación». Esto tendrá un coste estimado para el Estado de 30 millones de euros anuales. También se recogen otros 9 millones para impulsar el desarrollo del puerto exterior de Pasaia.
El cuarto punto que ha permitido el pacto no está cuantificado y consiste en un acuerdo político para que la CAV pueda adjudicar en el futuro parte de la nueva banda de frecuencia, para banda ancha de movilidad, que habilite el Ministerio de Industria.
Pese a que el acuerdo entre PNV y PSOE se dio ayer por cerrado, éste no va a hacerse público. Según señalaron a GARA en fuentes del Congreso, la literalidad del pacto pertenece al ámbito privado de los partidos. Además, en el tramite de enmiendas parciales podría haber más concreciones.
El contenido concreto del pacto alcanzado entre PNV y PSOE no se hará publico porque pertenece al ámbito privado de ambos partidos.
EB, socio del PNV en el Gobierno de Lakua, considera «francamente insuficiente» el acuerdo y cree que se ha perdido una oportunidad de exigir el cumplimiento estatutario.
Ezker Abertzalea hizo pública ayer una nota en la que solicita la congelación de las partidas presupuestarias dedicadas a sueldos de parlamentarios, subvenciones por grupo y por escaño, gastos de desplazamiento y telefonía móvil, dada la situación de crisis existente. En la propuesta detalla que cada parlamentario recibe al mes por salario y gastos 4.115,48 euros si reside en Araba, 4.281, 48 si reside en Bizkaia y 4.332, 48 si reside en Gipuzkoa.
Además, cada grupo recibe 18.280 euros de subvención mensual, más 3.046 por escaño. Ezker Abertzalea, sin embargo, no ha cobrado por este concepto desde febrero por decisión de la presidente, que le retiene ya 417.726.
Además, Ezker Abertzalea considera excesivo el gasto del Parlamento en viajes, que asciende a 280.000 euros anuales. Por lo que solicita un debate profundo sobre los objetivos de esta partida y la utilidad de los viajes.
Los diputados y senadores de UPN en el Congreso y el Senado, adscritos al Grupo Popular, recibieron ayer un correo electrónico de la dirección de su partido en el que se les avisa de que votar hoy a favor de la enmienda de totalidad del PP a los presupuestos generales del Estado llevará consigo la apertura de un expediente disciplinario y les recuerda la decisión adoptada por el Consejo Político de UPN para que se abstengan.
Pese a esa advertencia y al expediente que ya tiene abierto, el diputado Santiago Cervera afirmó ayer que escuchar el discurso de Mariano Rajoy contra el proyecto de presupuestos le «ha dado enormes razones» para considerar que las cuentas públicas «no deben ser aceptadas». El otro diputado, Carlos Salvador, tiene previsto seguir las directrices de UPN y abstenerse cuando se vote la devolución de las cuentas al Gobierno.
Por el momento, el Comité de Garantías y Disciplina de UPN ya ha abierto expediente a Cervera y a su antecesor en la Cámara Baja, Jaime Ignacio Del Burgo, alegando la postura de confrontación que ambos han mantenido con la línea oficial del partido en relación con la votación de los presupuestos estatales. Por lo tanto, a este expediente de Santiago Cervera se podría sumar un segundo procedimiento disciplinario si finalmente hoy rompe la disciplina de voto.
Santiago Cervera, al conocer la decisión de abrirle un expediente, señaló que interpreta la intervención del Comité de Disciplina y Garantías «como un acto más de intimidación, que intenta constreñir mi capacidad de obrar pocas horas antes de la votación en el Congreso de los presupuestos del Estado». Por ello, añadió, «reitero mi derecho a participar en las decisiones que afecten a mis labores como cargo público y a la libre expresión de mis ideas dentro de la lealtad que le tengo al partido en el que milito desde hace más de 27 años» y reclamó «un funcionamiento democrático» donde «las opiniones discrepantes no sean perseguidas».
Según Cervera, en las últimas fechas sus derechos como afiliado y cargo público «han sido atacados» con «continuas declaraciones intimidatorias» y también «amenazas que se me han hecho de manera privada».
Desde el PP se ha calificado de excesiva e inexplicable la apertura de expedientes por parte de UPN cuando todavía ni siquiera se ha producido la votación. La portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que «hay que entender» la «peculiar situación de esos dos diputados» -Cervera y Carlos Salvador- que, según recalcó, «además forman parte del Grupo Popular». Por ello, ante la posibilidad de que alguno de los dos o los dos rompan hoy la disciplina de voto del PP, Sáenz de Santamaría se mostró partidaria de que esa situación sea analizada «con mucha sensibilidad» por parte de todos.
