Después de que el Relator Especial de la ONU, Martin Scheinin, pidiera ayer la abolición del régimen de incomunicación ante la Asamblea General de la ONU, como ya hiciera en su visita al Estado español en mayo, y en respuesta a un escrito del diputado de ICV Joan Herrera, el Gobierno español sostuvo que los detenidos a los que se aplica el régimen de incomunicación «se hallan bajo la salvaguarda de la autoridad judicial que autoriza la medida», y defendió que este régimen «respeta plenamente los derechos fundamentales del detenido y ofrece plenas garantías contra la tortura».