Los Gobiernos cuentan las cosas como si sus decisiones no hubieran tenido nada que ver en lo que está sucediendo; como si careciesen de responsabilidad. En los últimos años nos han acribillado a propaganda para que aceptásemos de manera resignada y sin oposición, una tras otra, sus reformas antisociales. Así, debíamos asegurar nuestro futuro en fondos privados (para mayor gloria de la Banca) porque las pensiones públicas corrían peligro; había que privatizar los servicios públicos porque lo privado era «mucho más eficaz» que lo público; había que precarizar las condiciones de trabajo porque así lo exigía la competencia global; había que bajar los impuestos a las rentas de capital y empresariales, para que invirtieran más en la economía real (¿?); había que dejar la iniciativa en la construcción de viviendas en manos de especuladores, los mismos que se han forrado por esa desidia cómplice de las autoridades públicas... Pues bien, ahora que parece que lo privado anda desbocado, con pies de barro, y se cae, es la financiación pública la que acude en su auxilio. Una financiación pública que se ha negado con obstinación para que paliara los déficit sociales y lograra más justicia social.

Los gobiernos más cercanos en un intento de hacer ver que «lo que pasa no va conmigo» dicen -ahora- que el «ogro» es Bush y que ellos no han hecho nada malo.

En el Estado español, el PP y el PSOE, han realizado una sucesión de reformas laborales y de pensiones (acordadas con CCOO y UGT) que han tenido por objeto, se justifiquen como se quiera, enriquecer a los empresarios y reducir el gasto social, a costa de generar precariedad y de empeorar el acceso a pensiones dignas. De la misma manera, las reformas fiscales han primado al capital y a las rentas empresariales. Han privatizado, asimismo, sectores estratégicos de la economía para, en muchos casos, entregárselos una vez privatizadas, a amigos políticos que saben agradecer favores... Han hecho, desde los gobiernos, lo que estaba en su mano para tratar muy bien a quienes no necesitaban de ninguna defensa pública, pues se valen perfectamente por sí solos. Y, de esa manera, le han dado a la patronal todo cuanto pedía.

En el camino de ser amables con lo que quiere la patronal, el Gobierno Vasco y las haciendas forales han ido de avanzadilla. Sin ir más lejos, han utilizado el Concierto Económico para regalar dinero a los empresarios. El Impuesto de Sociedades es un ejemplo. En muy poco tiempo se ha pasado del 35% al 32,6% y de ahí al 28%. Han ocultado que el tipo real no llega al 17%; que más de la mitad de las empresas no lo pagan porque dicen estar en pérdidas y que el Impuesto de Sociedades nada tiene que ver con la competitividad de una empresa. La patronal -insaciable- pide ahora el 24%. Con estas políticas, es cuestión de tiempo.

Son decisiones políticas tomadas sin debate. Adoptadas por el PNV y EA, que buscan y encuentran al PP o al PSE-EE, o en Navarra a UPN y PSN. La fiscalidad une transversalmente a todos ellos. Una fiscalidad antisocial, claro. Les da igual la coyuntura. Antes, en fase de crecimiento, porque había superávit y ahora, siguen beneficiando a los mismos, aunque reconozcan que empiezan a fallar los ingresos en las haciendas. Lo hacen, si es preciso, manipulando la información a los ciudadanos. En Gipuzkoa el PNV y EA han anunciado un acuerdo fiscal que saben que no va a salir adelante. Dicen que, fruto del mismo, se mantendría el Impuesto de Patrimonio, que se elevaría un punto el tipo en el IRPF para las rentas más altas y que se bajaría el de Sociedades, del 32,6% al 28%. Pues bien, sólo éste último va a salir aprobado. Lo saben y lo ocultan. Necesitan el apoyo del PP y saben que ese partido sólo lo va a dar para ese impuesto. Patrimonio desaparecerá (180 millones menos de recaudación) y tampoco se dará el incremento en el IRPF. Nos parece que es una frivolidad y una falta de respeto.

En el IRPF, las haciendas vascas han bajado el tipo máximo del 56% al 45% y han colocado un tipo único para las rentas de capital del 18%, cinco puntos menos que el tipo mínimo establecido para las rentas de trabajo. Casi nada. Que sobre estas cosas no se hable, no se informe, no se debata... no le quita un ápice de gravedad. Al contrario, es un síntoma del grave déficit democrático existente. No es una broma. Tenemos una de las presiones fiscales más baja de la UE, porque nuestras haciendas y el Gobierno Vasco han aceptado que los ricos no paguen impuestos. A ELA le preocupa que los responsables políticos de las haciendas vascas hayan acabado con la progresividad fiscal y que, por paradójico que parezca, un tema tan esencial en la vida política de una sociedad haya desaparecido de los temas a debate; no sólo de la de los gobiernos, también de la de los partidos que dicen hacer oposición. Algo muy grave sucede en la vida de una sociedad que se dice democrática, para que esto sea así.

Si se puede resumir, habría que decir que cada gobierno ha colocado las competencias que tiene al servicio de los más beneficiados. Y, como ese diagnóstico es muy duro, la política gubernamental trata de evitar que la sociedad lo perciba y organizan muchas campañas de propaganda. Sustituyen el debate y la participación en las cuestiones políticas por la propaganda. Gastan dinero de todos para hacernos creer que, mediante sus políticas, defienden los intereses de todos y todas. Y no es verdad. Han llegado a confundir lo público y lo privado para beneficio de esto último.

La causa principal que explica la situación que estamos atravesando, en opinión de ELA, es la deserción de la política gubernamental en la defensa de los intereses comunes de la mayoría. Ésa y no otra. Lo demás son consecuencias. Y eso ha sucedido en la América de George W. Bush y en la Hego Euskal Herria de Ibarretxe y Sanz. Un común denominador: gobernar al servicio de los intereses de los más ricos.

¿De qué se trataba? De lograr que la política de los gobiernos acompañe a los intereses del capital, para abrirle camino, desregular, quitarles impuestos, precarizar el mundo del trabajo, privatizar los servicios públicos... Y como consecuencia de ello, propiciar la mayor acumulación de capital que nunca hayamos conocido. Han permitido que ese capital actúe, básicamente, como agente especulador, saltando de un mercado a otro para dar satisfacción a una codicia desmedida. Ha actuado como un delincuente impune porque sus colaboradores necesarios están en la política para darles cobertura. Mientras todo eso sucedía, ningún gobierno ha dicho nada. Al contrario, todo han sido loas y agasajos. Los responsables políticos de los gobiernos, los de aquí en primera fila, se han aburrido de acudir a fiestas y saraos en los que los unos daban premios a los otros y viceversa. Quienes han practicado todo esto no tienen legitimidad para exigir comportamientos «morales y éticos», ni para volver a recomendar a los trabajadores y trabajadoras que tenemos que apretarnos el cinturón.

Hoy, con más fuerza si cabe, hay que exigir salarios dignos, progresividad fiscal (justicia fiscal), política social y recuperar la iniciativa y el control público de la economía. Medidas, todas ellas, que tienen que ver con el debate con mayúsculas: el reparto de la riqueza.