Aitor Idoiagabeitia, alcalde legítimo de Mendexa, y la juntera abertzale Begoñe Agirre comparecieron ayer para alertar de la repercusión que tendría en la localidad vizcaina el proyecto urbanístico diseñado por la Comisión Gestora del PNV.

Según detalló Idoiagabeitia, el municipio de Mendexa cuenta actualmente con 260 viviendas y la intención de la Gestora es construir 100 nuevas viviendas de golpe, lo que supondría «un crecimiento desequilibrado» porque se incrementaría el suelo urbano en un 53%, la población en un 62% y el número de viviendas en un 37%.

Para la construcción de esa cifra de viviendas es obligatoria una modificación de las Normas Subsidiarias, algo para lo que la Gestora del PNV dio luz verde en abril. En ese sentido, los representantes abertzales denunciaron que, tras la imposición de la Comisión Gestora en junio del año pasado, sus componentes negociaron entre setiembre de 2007 y marzo del presente año con un promotor el plan parcial que conlleva la construcción de 100 nuevas viviendas en la localidad costera.

El alcalde elegido por los mendexarras alertó de que incrementar el suelo urbano de un pueblo tan pequeño como Mendexa, «decidirá e hipotecará su futuro».

Los electos independentistas se mostraron preocupados por la actitud de los jeltzales y remarcaron que «este tipo de decisiones no se pueden tomar a escondidas y a puerta cerrada». Idoiagabeitia criticó que se haya negado el derecho a decidir sobre el futuro de su pueblo a los mendexarras, «cuando al PNV se le llena la boca reclamando el derecho a decidir».

El alcalde legítimo de Mendexa cargó, asimismo, contra la Gestora por «paralizar» la construcción de ocho VPO y 25 pisos tasados municipales a coste de 150.000 euros para construir 100 viviendas, «de las cuales unas 70 tendrán un precio de venta entre 600.000 y 700.000 euros». Por ello, acusó a los jeltzales de «anteponer y defender por todos los medios los intereses privados frente a los intereses del pueblo».

Además, Aitor Idoiagabeitia subrayó que el macroproyecto de urbanización «legalmente no es viable», argumentando que un incremento del 53% del suelo urbanizado y un aumento poblacional del 62% «supera con creces» la actual Ley del Suelo y el decreto que la complementa. Ante esta situación, indicó que la Gestora «no ha tenido la valentía de actuar de forma coherente y rechazar el plan, sino que lo han congelado por decreto hasta enero de 2009».