Marlaska alarga la incomunicación a los detenidos entre el mutismo oficial
Silencio oficial absoluto sobre la situación de los cuatro jóvenes detenidos en Nafarroa y también sobre las acusaciones concretas que se dirigen contra ellos. Su futuro inmediato está en manos del juez de la Audiencia Nacional Fer- nando Grande-Marlaska, que ordenó la redada y a quien la defensa ya ha reclamado que pasen a disposición judicial cuanto antes. Quince de los últimos diecisiete arrestados en Nafarroa han denunciado torturas y maltratos.
R.S. |
La asamblea informativa convocada anoche en la Plaza de la Asunción del barrio de Donibane, en Iruñea, acabó en un par de minutos. Y es que no hay nada que decir, porque nada se sabe, salvo que la incomunicación se ha prorrogado. El hermano de uno de los cuatro detenidos en la redada del martes en Nafarroa explicó que no hay ningún dato y, conteniendo la emoción a duras penas, agradeció el apoyo recibido por los allegados de Aurken Sola, Xabier Rey, Araitz Amatria y Sergio Boada.
El juez Fernando Grande-Marlaska es quien tiene en sus manos la opción de que los jóvenes pasen cuanto antes por su despacho o agoten los cinco días de incomunicación en manos de la Policía española. De momento, ni siquiera ha dado respuesta a la petición de habeas corpus de la defensa.
El silencio extendido sobre el caso fue tan absoluto durante la jornada de ayer que ni siquiera aparecieron las habituales filtraciones y especulaciones policiales. Y todo ello pese a que los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior el martes resultaban muy escuetos. Ni en la nota ni en la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba se concretaron acusaciones contra los jóvenes, después de que el ministro tildara la operación de «preventiva» y hablara de «un comando abortado antes de nacer».
La redada sigue abierta según la nota emitida por el Ministerio de Interior el martes, pero no consta que se hayan producido nuevos registros que se sumen a los siete de la víspera: las cuatro viviendas de los jóvenes y tres más vinculadas a sus familias, seis de ellos en Nafarroa y uno en Valencia.
En esa jornada se anunció además el hallazgo de dos revólveres, unos cien kilos de explosivos y otros materiales en una bajera, pero tampoco hubo datos oficiales sobre esta parte de la operación: no se dijo cuándo y cómo se registró, ni su ubicación exacta, ni si el local se vincula a algún detenido. Los medios emitieron versiones diferentes al respecto.
La asamblea informativa de Donibane reunió a medio centenar de personas bajo la lluvia. La noche anterior, la Policía española había cargado contra el intento de celebrar una manifestación realizado por unas 250 personas. Varios de los detenidos son de este barrio o están ligados a él.
Ayer, un furgón de la Policía española vigiló el breve acto a distancia, sin intervenir. Pero antes de que se iniciara los uniformados entretuvieron la espera arrancando carteles colocados en las paredes del barrio.
Varios colectivos han incidido en la necesidad de que pasen a disposición judicial cuanto antes ante el riesgo de torturas que conlleva la incomunicación. Ayer se les unió la asamblea de trabajadores del centro San José de atención a discapacitados, situado en Etxabakoitz. Entre los detenidos está un hijo de una empleada de este centro.
Distintos centros universitarios del país acogieron ayer protestas para denunciar «el estado de excepción que vive Euskal Herria». Convocados por Presoen Aldeko Taldea y coincidiendo con las movilizaciones que llevan a cabo los últimos miércoles de cada mes en defensa de los derechos de los presos políticos vascos, en el campus de Gasteiz fueron 35 las personas que se concentraron, 20 ante San Mamés, y 10 en La Casilla. A su vez, Magisterio de Bilbo y los campus universitarios de Leioa e Ibaeta se realizaron varias protestas.
Etxerat, por su parte, recordó que mañana se llevarán a cabo protestas ante los hospitales (12.00) por la situación de los presos enfermos.
El vecino de Laudio Joseba Velez recuperó ayer la libertad después de cumplir de forma íntegra la condena de cinco años de prisión que le impusieron los tribunales españoles. Según informaron vecinos del municipio alavés, el ex preso político fue recibido ayer por la tarde por decenas de personas tras abandonar la cárcel.
El laudioarra fue arrestado por la Policía autonómica tras los incidentes que se produjeron al cargar la Ertzaintza a tiros contra una manifestación en Bilbo en 1997. Los tribunales españoles condenaron a Velez a cinco años de prisión. Además, también informaron de que el sábado se realizará una comida popular y un acto de ongi etorri por su liberación.