Unai Romano presentó el pasado lunes su denuncia de torturas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, después de que la negativa del Constitucional español a analizar su caso haya cerrado todas las vías legales en el Estado español. La denuncia de torturas del vecino de Gasteiz, que fue detenido por la Guardia Civil el 6 de setiembre de 2001, inició su andadura a pocos días de su arresto y mientras permanecía incomunicado en manos de los militares, cuando fue atendido por un hospital madrileño y éste cursó la correspondiente denuncia por el estado en el que se encontraba. La misma fotografía de Romano que mostraron en la comparecencia de ayer en Donostia fue la detonante de esa denuncia.

Torturaren Aurkako Taldea informó ayer en Donostia de la interposición de la denuncia de Romano el lunes pasado en el Tribunal de Estrasburgo. Junto a Romano, en la rueda de prensa también participó el director del clausurado diario «Egunkaria» y cuya denuncia de torturas también se encuentra ya en Europa desde hace poco más de un mes. En el caso de Martxelo Otamendi», su causa también se topó con el archivo en todas las instancias españolas.

Autolesión, según el forense

Fue el pasado 17 de abril cuando el Constitucional informó sobre la inadmisión a trámite del recurso que interpuso el joven gasteiztarra contra los archivos dictados sobre su denuncia en juzgados de la capital española.

El representante de TAT Aiert Larrarte criticó la «penosa» respuesta ofrecida por la máxima instancia judicial del Estado español, «que ni siquiera ha entrado a valorar el fondo de la cuestión». El propio Unai Romano denunció el archivo directo de su causa, en el que esperaba que se llevase a cabo un juicio, «porque hay dos versiones contrapuestas; la mía y la de la Guardia Civil». La tesis oficial fue ratificada por el médico forense al defender que fue el propio Unai Romano el que se autolesionó en el acuartelamiento. Una versión cuya falsedad dejaron patente distintos informes de peritos forenses independientes.

Pronto será juzgado

Tal y como recordó TAT en la comparecencia de Donostia, el Tribunal de Estrasburgo no analiza el fondo de las causas que se le presentan, sino la existencia o no de garantías judiciales. Y aunque la decisión que emita el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no resulta vinculante para el Estado español, sus fallos suelen ser acatados en ámbitos estatales.

Otro de los extremos que destacaron en la conferencia de prensa fue el hecho de que hayan tenido que transcurrir siete años para que la investigación sobre las torturas que padeció Unai Romano a manos de la Guardia Civil sea vetada por los tribunales españoles. Pero, además, informaron de que en breve arrancará en el tribunal especial de Madrid el juicio en el que Romano y otros trece alaveses tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por las imputaciones fijadas tras el operativo policial de 2001. Más alarmante llega a ser el hecho de que los vascos que fueron arrestados en el citado operativo de Gasteiz fueron acusados por un supuesto delito de «colaboración con banda armada» y que, ahora, tras siete años, la imputación haya sido elevada a la categoría de «pertenencia». Una tipificación que, por consiguiente, incrementa también el periodo de tiempo en prisión al que podrían ser condenados.

Martxelo Otamendi, por su parte, compartió con los medios la sensación que tuvo tras hacerse pública la fotografía en el que el rostro de Unai Romano estaba totalmente deformado tras su paso por dependencias de la Guardia Civil. El tolosarra recordó que «entonces muchos pensamos que aquello finalizaría con una condena» por la evidencia del motivo de su estado, pero que, una vez más, ha vuelto a demostrarse que «el Estado siempre tiene mecanismos para decir increíbles mentiras profesionales; el Estado ha tenido la cara de ocultarlo de nuevo».

Así, coincidiendo con la lectura que realiza Torturaren Aurkako Taldea, Otamendi denunció que «la tortura es interés de Estado» en el que confluyen el interés policial, judicial y político. Al respecto, quiso llamar la atención sobre la responsabilidad que tienen los jueces sobre los detenidos y, por consiguiente, sobre todo lo que pueda ocurrirles en dependencias policiales durante el periodo en el que permanecen incomunicados; incluidas las torturas.