Los datos recopilados por GARA y los testimonios ofrecidos ayer por los familiares en la Asamblea Nacional de Etxerat definen una situación gravísima, cuantitativa y cualitativamente hablando. Cuantitativamente, porque desde el atrincheramiento del franquismo al final de los años 60 no había tantos ciudadanos vascos en la cárcel por motivos políticos. Un «récord» de más de 750 presos que no se debe al impulso de un régimen declaradamente autoritario como el de Francisco Franco, sino al de un gobierno pretendidamente progresista como el que titula José Luis Rodríguez Zapatero. Encarcelar al adversario como única receta no figura precisamente en los manuales de acción política de la izquierda.

Pero es quizás el aspecto cualitativo el que más denota la gravedad de la situación carcelaria. Sólo desde la perspectiva de la pura venganza se puede calificar la negativa sistemática a poner en libertad a presos con enfermedades graves e incurables y que en algunos casos llevan más de 20 años entre rejas. Y sólo hay ensañamiento tras iniciativas como el alargamiento infinito de las condenas o tras la insistencia en obligar a los familiares a cruzar el territorio del Estado español y del francés de punta a punta con grave riesgo para sus vidas, como ha vuelto a quedar de manifiesto este fin de semana con un accidente de regreso de Navalcarnero. Ni el franquismo llegó a tanto.

En 1969, fue un estado de excepción lo que disparó la cifra de prisioneros políticos vascos hasta la cota de 862. Casi 40 años después, son más de 750 los ciudadanos de este país que se encuentran entre rejas, sometidos a otro estado de excepción que ya no es fruto de una coyuntura puntual, sino que es impuesto por los estados como una cuestión estructural y permanente.

Ni Euskal Herria ni sus representantes políticos pueden resignarse ante tal constatación. La iniciativa parlamentaria conjunta por los presos enfermos del tripartito, Aralar y Ezker Abertzalea en Gasteiz es una buena ocasión para que el tema regrese a la agenda política. Para empezar a poner punto final a un estado de excepción tan largo como cruel.