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El Gobierno español critica a AI por referirse a ETA como «grupo armado vasco»

El Gobierno español ha revelado, en una pregunta parlamentaria, que ha trasladado a Amnistía Internacional (AI) su malestar por que esta ONG se refiera a ETA como «grupo armado vasco». Le ha pedido «con reiteración» que la denomine «organización terrorista».

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El Gobierno español se ha dirigido a la reputada organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) en varias ocasiones para exigirle que no se refiera a ETA como «grupo armado vasco» sino como «organización terrorista». Así consta en la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de UPN Carlos Salvador, y difundida por ésta.

Salvador hizo una pregunta sobre esta cuestión, que al parecer le resultó la más llamativa del último informe sobre la situación de los derechos humanos en el Estado español presentado por AI.

En la exposición de motivos, Salvador se queja de que ETA aparezca en estos estudios como «grupo armado» y pregunta al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero si ha hecho algo al respecto.

En la réplica, el Gobierno indica que «conoce y presta, como no podía ser de otro modo, la debida atención» al informe de AI y a la terminología que se utiliza en él. Y señala a Salvador que, de hecho, en varias ocasiones le ha hecho saber que debería referirse a ETA como «organización terrorista», algo que, según el Gobierno, «es lo único que corresponde aplicarle».

Polémica recurrente

«La única denominación aplicable a la actividad delictiva que desarrolla ETA es la de organización terrorista, en el sentido dado a dicho término por nuestro ordenamiento jurídico», detalla la respuesta.

La cuestión de la denominación aplicada a la organización armada vasca ha sido motivo de polémica en otras ocasiones. Los sucesivos gobiernos españoles se han mostrado disconformes con las definiciones hechas por organizaciones internacionales o por medios de comunicación de impacto mundial.

queja de upn

El Ejecutivo hace esta aclaración a demanda del diputado de UPN, Carlos Salvador, que se mostró molesto por la calificación incluida en un informe sobre derechos humanos.

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