Ainara LERTXUNDI

Pedro Valle y Carlos Maldonado, militantes de la Asamblea San Telmo de Buenos Aires, fueron detenidos junto a otras 21 personas por exigir mejores condiciones de habitabilidad en el llamado «Hotel Carlos V», en Buenos Aires. Aunque reciben el nombre de «hotel», estos establecimientos no cumplen ninguno de los requisitos contemplados en esta categoría. Las habitaciones son minúsculas, los inquilinos pagan un alquiler mensual y los propietarios pueden acceder al interior de las habitaciones cuando lo deseen. En pocas palabras, funcionan como viviendas para la gente con menos recursos que no puede acceder al alquiler o compra de un piso en condiciones.

Pedro Valle vivía en uno de esos «hoteles» o «conventillos», como popularmente se les llama en Argentina. Compartía una habitación de 3x3 con su compañera y sus dos hijas, de cinco y ocho años. El servicio era común con otras doce familias y debían hacer turnos para cocinar. El alquiler mínimo eran 800 pesos mensuales. El salario medio de Valle y del resto de las personas detenidas oscila entre los 1.000 y 1.200 pesos.

«Es un sitio, bastante feo. Como las niñas están todo el día en el colegio y nosotros trabajando, es sólo para dormir. El espacio es muy reducido, pero es la única posibilidad que tenemos para poder vivir», subraya a GARA meses después de quedar en libertad. «Pedimos una vivienda digna, poder tener un buen lugar para educar a nuestros hijos y no una habitación de `hotel'», resalta.

Las reivindicaciones de estos inquilinos caen casi siempre en saco roto y «si alguien no puede pagar el alquiler, lo echan. Aprovechan cuando no hay nadie para cerrar la habitación con candado».

A Navalle, arrestado junto a su compañera, no se le olvidan «los terribles momentos» vividos el 8 de agosto, cuando un nutrido contingente policial irrumpió en el «Hotel Carlos V» a petición de sus propietarios. Allí se habían dado cita inquilinos y militantes de la Asamblea San Telmo para intentar llegar a un acuerdo sobre el precio del alquiler, que los propietarios del «hotel» querían triplicar, de 400 a 1.200 pesos. Éstos llamaron a las fuerzas policiales para denunciar «la ocupación» del local.

«Tuvimos mucho miedo por nuestras familia. Había muchos agentes pese a que no somos delincuentes. Es vergonzoso cómo armaron esta causa y nos echaron encima una docena de delitos que, al final, se han quedado en nada», destaca. Mientras estuvieron en prisión, la Asamblea San Telmo se hizo cargo de sus dos hijas, y ahora residen en una de las viviendas de la Asamblea.

Carlos Maldonado estuvo en prisión con su padre, diabético. «La actuación policial fue muy cruel. Entraron a pegarnos. A mí, me rompieron el tobillo», recuerda. «Queríamos hablar con los dueños para intentar negociar el alquiler. Pero, no tenían intención de hablar con nosotros», añade.

Lo que ninguno imaginó fue que tras ser puestos contra la pared, apuntados con armas largas, cacheados y detenidos, serían acusados de delitos como «usurpación, lesiones, amenazas de muerte, robo, atentado y resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad». La Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA) reclamó su inmediata liberación, pero el Juzgado de Instrucción número 5 la denegó alegando «la peligrosidad» de los imputados, que fueron trasladados a prisión.

En el escrito de defensa, FIDELA hizo hincapié en la denuncia de estos «hoteles», donde «los moradores no disponen con privacidad de ninguna de las instalaciones, incluyendo sus habitaciones pues el hotelero puede ingresar a las mismas en cualquier momento. El Carlos V no era un hotel y sólo tenía la forma fraudulenta de tal permitido por autoridades municipales y policiales corruptas que hacen la vista gorda».

Lo ocurrido aquella madrugada de agosto «fue fruto de la escalada judicial en contra de inquilinos que reclamaban por sus derechos vulnerados. La causa no es ni más ni menos que eso; un avasallamiento de derechos de gente débil e indefensa por parte de comerciantes sin escrúpulos que actúan de manera fraudulenta con apoyo de las estructuras administrativas y policiales».

La existencia de este tipo de alojamientos representa la otra cara del rico y turístico Buenos Aires, «de donde quieren echar a la gente humilde como nosotros», afirman Navalle y Maldonado, que seguirán reclamando derechos básicos como la vivienda.