Coincidiendo con los primeros trabajos previos a la colocación de un sofisticado sistema de cámaras que se encargará de vigilar la bilbaina calle San Francisco, desde la plaza Tres Pilares hasta el puente de Cantalojas, el movimiento ciudadano integrado en la Coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala anunció ayer que rechaza el proyecto municipal.

Los colectivos vecinales de este centro histórico de la villa estiman que la iniciativa -enmarcada en la «guerra al navajero» impulsada por el equipo de Iñaki Azkuna- no responde a una demanda mayoritaria del vecindario. El proyecto es apoyado por una asociación vecinal que ha mantenido en las últimas décadas posturas «extremas» hacia el fenómeno de la inmigración, el tratamiento de drogo- dependientes o el sida.

La veintena de organismos sociales y vecinales que confluyen en la Coordinadora mantiene un posicionamiento crítico, tratando así de ser reflejo de la posición de una parte importante de los habitantes de la zona de Bilbao la Vieja, que rechaza la videovigilancia «y no quiere ser coartada para actuaciones municipales que nada tienen que ver con la rehabilitación social y el desarrollo comunitario que nuestros barrios necesitan».

La instalación de cámaras, en su opinión, no va a contribuir a dar una imagen de normalidad, diversidad y riqueza comunitaria, y sirve para alimentar los estereotipos habituales que soportan estos históricos barrios del Botxo. «No hace sino reforzar la imagen conflictiva y problemática del espacio que habitamos», subrayan.

Conscientes de que la realidad de sus barrios no está absolutamente normalizada, no creen que las cámaras vayan a ser la respuesta. Antes, según la Coordinadora, el Ayuntamiento debía de haber invertido recursos económicos, técnicos y humanos para avanzar en la resolución de los problemas de convivencia, algo -aclaran- que las instituciones no han hecho.

En su análisis confirman que sus barrios soportan problemas y conflictos de carácter delictivo, pero niegan que el dispositivo que salpicará de cámaras la calle San Francisco los vaya a resolver. Este plan del equipo de gobierno PNV-EB demostrará, inciden desde la plataforma, que «hasta ahora la ineficacia de las actuaciones policiales ha sido evidente» y trasladará la delincuencia a otras calles o a barrios próximos como Miribilla o Casco Viejo.

«Este tipo de medidas no hacen en el fondo sino esconder los problemas, enmascararlos, confundirlos», declaran. Para la Coordinadora, el desembolso de alrededor de 200.000 euros en un sistema de cámaras digitales de tecnología alemana va a ser «de muy poca eficacia social» para los problemas que soportan estos barrios. «Las cámaras de vigilancia tal vez tranquilizarán a determinados sectores políticos, mediáticos, sociales e incluso a una parte del vecindario, pero ¿alguien cree que contribuirán a solucionar los problemas que realmente existen en nuestro entorno? Y si no lo solucionan ¿cuál será la siguiente iniciativa municipal?».

«Años de abandono»

«La persistencia del tráfico de determinadas drogas ilegales, actuaciones violentas contra las personas, robos en comercios y viviendas... no son sino el reflejo de una problemática mucho más honda, compleja y casi enquistada que vivimos en nuestros barrios. Es la problemática -afirman rotundamente- de años de abandono y de medidas cuando menos insuficientes por parte de las instituciones».

Los déficits los señalan en ámbitos como el educativo, social y de empleo, entre otros, «que son los realmente necesarios para construir unos barrios y un futuro más digno para sus habitantes. Es la problemática que golpea con mayor intensidad a los sectores más débiles de nuestros barrios: a quienes tienen dificultades para su subsistencia, para encontrar una vivienda digna, para encontrar un empleo que no sea precario o en la economía sumergida. Es la problemática -destaca la Coordinadora- de muchas personas mayores, jóvenes, mujeres, que malviven cotidianamente».

Desde que, en plena campaña electoral al Parlamento español, el alcalde anunciara en un acto del PNV su pretensión de colocar «varias cámaras de seguridad» en San Francisco para «vigilar mejor la calle», han sido muchos los agentes sociales que han criticado el plan al entender que este tipo de medidas vulneran la libertad y la privacidad de las personas. Ahora, el movimiento social del área de Bilbao la Vieja reivindica su derecho a la intimidad «en medio de una comunidad que no puede coartar la libertad de las personas, sino que debe potenciar la interrelación y la convivencia positiva para mejorar la calidad de vida de todas las personas».

«Quienes vivimos, trabajamos, nos organizamos, disfrutamos de nuestro ocio... en nuestros barrios, no queremos ser vigilados», defienden.

Fuentes municipales aseguraron ayer a GARA que ya se trabaja en la instalación de las cámaras en San Francisco y los accesos desde calles transversales como Bailén, Dos de Mayo, Hernani, Arnotegi, Cantera, Laguna, Cantalojas, Conde Mirasol y Aretxaga, así como en la plaza Corazón de María, donde habrá una especial cobertura. La mayoría de los dispositivos de grabación pasarán prácticamente desapercibidos por su tamaño en farolas y fachadas de edificios públicos, aunque en casos excepcionales se podrán situar, tras el pertinente permiso previo, en inmuebles privados.

Las imágenes captadas por la red se transmitirán en tiempo real a tres salas de control que dispondrán Policía Municipal de Bilbo y Ertzaintza. Nada escapará a la precisión y gran angular de las cámaras digitales alemana gracias a la tecnología megapíxeles. Desde el Ayuntamiento se asegura que serán respetuosos con la intimidad de las personas o de las viviendas en las que se puedan captar imágenes.

Los responsables municipales han desechado, por el momento, extender su nueva red de vigilancia, que se suma a las décenas de cámaras instaladas en los accesos y en el centro de la capital vizcaina «para controlar el tráfico» y aquellos dispositivos que otras instituciones y empresas vienen colocando en otros puntos. «Hemos dicho por activa y por pasiva que la decisión de poner cámaras en San Francisco es algo excepcional, porque tiene un número importante de delitos y porque puede ayudar en la labor preventiva», manifestó hace algunos meses el delegado de Seguridad Ciudadana, el jeltzale Eduardo Maiz.

El pronunciamiento vecinal en San Francisco sucede a la polémica que originó hace pocas semanas en Otxarkoaga la colocación de cámaras de seguridad en el centro cívico, al igual que sucede en otras dependencias del Ayuntamiento de Bilbo. La Asociación de Familias de Otxarkoaga (AFO) la consideró «un grave atentado a la intimidad y a los derechos civiles» de los usuarios del equipamiento municipal.

La AFO enmarcó la decisión del Consistorio bilbaino en «una insana intención de control social» de los vecinos, que -añadieron- «obedece claramente a las coordenadas de represión que sufrimos los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas desde hace décadas». Las autoridades locales respondieron que su instalación estaba justificada por motivos de seguridad, «respetando escrupulosamente la intimidad de los 800 usuarios del centro, según se establece en la Ley orgánica sobre Protección de Datos».

El veterano organismo ciudadano rechazó los argumentos, aduciendo de que en 22 años de funcionamiento del concurrido centro cívico «no se han producido incidentes significativos». Antes de insistir en su petición de retirada de las cámaras, subrayaron que con este proyecto «la democracia y la libertad pierden terreno en Otxarkoaga». «Los promotores de estas medidas odian al movimiento popular y ciudadano y pretenden limitar el uso de unos espacios públicos a actividades dulces y mansas que no sean crí- ticas con la injusticia reinante», añadieron desde la Asociación de Familias de Otxarkoaga en su reflexión.