Alcaldes y concejales independentistas de Nafarroa Garaia, Araba, Gipuzkoa y Bizkaia comparecieron ayer para exigir una financiación municipal «justa, digna y suficiente». Denunciaron que las últimas medidas adoptadas tanto por el Gobierno navarro como por Lakua o por las diputaciones forales ponen en un «serio aprieto» la propia financiación de los consistorios, y aseguraron tener «las manos atadas» a la hora de poder hacer frente a la situación de crisis que comienzan a padecer sus convecinos.

El primer edil elorriotarra, Niko Moreno, no dudó en afirmar que «en caso de mantener esta deriva, los ayuntamientos serán conducidos a una tesitura de colapso financiero». Insistió en que la actual situación necesita de «profundas reflexiones y acciones», por lo que instó a ediles y alcaldes de los cuatro herrialdes al sur del Bidasoa a defender «la autonomía de los ayuntamientos y a convertirlos en agentes activos» ante la crisis económica.

Efecto de la política fiscal

En contra de lo difundido ante la opinión pública, Moreno censuró que el recorte de fondos existente sea fruto de la crisis económica y matizó que «tiene relación directa con la política fiscal» seguida por las instituciones competentes, que, a su entender, «ha hecho aguas». En este sentido, reprobó que las diputaciones y gobiernos «pretendan evitar que los empresarios sufran las consecuencias de la crisis, castigando a los ayuntamientos».

Como botón de muestra de estas medidas, que entienden «adversas», el alcalde vizcaino señaló la disminución del tipo del Impuesto de Sociedades, la desaparición del Impuesto de Patrimonio o la «falta de medidas efectivas» contra el fraude fiscal. Aseguró que han sido este tipo de actuaciones las que han supuesto un recorte en la recaudación de fondos. Puntualizó, en esta línea, que los empresarios «no han visto disminuido tanto su beneficio como sus impuestos»; «y ahora los responsables de estas políticas plantean que seamos los consistorios los que paguemos por ello», denunció con indignación.

Moreno -que estuvo arropado por representantes de consistorios como Etxalar, Bera, Azpeitia o Pasaia entre otros- mostró su rechazo ante la decisión de devolver parte del dinero recibido del Fondo Foral de Financiación Municipal o ante el recorte de fondos municipales previsto para el próximo año. Sentenció además que estas resoluciones «no hacen más que ahondar en la crisis».

Tras resaltar que estas medidas tendrán consecuencias directas en los ayuntamientos, denunció que tanto las iniciativas como las políticas de carácter local se encuentran «permanentemente condicionadas» al no conocer hasta que punto se podrá acceder a ayudas o a financiación.

En la rueda de prensa llevada a cabo en la capital guipuzcoana, precisaron que la devolución que deben abonar ahora los consistorios oscila en torno al 15% y que el recorte presupuestario para 2009 llegará en Nafarroa hasta el 20%.

« Justo lo contrario»

Los concejales y alcaldes independentistas no ocultaron su preocupación y se preguntaron «de dónde» sacarán ahora las cantidades a devolver. Es más, insistieron en que en la actual situación de crisis lo que requieren los ayuntamientos es «justo lo contrario, un aumento de nuestra capacidad económica».

El regidor de Elorrio manifestó que esta «situación de colapso» ha dejado a las casas consistoriales «sin capacidad finan- ciera para hacer frente a la crisis» y precisó que se les antoja «imposible» garantizar a los ciudadanos los servicios necesarios en esta coyuntura.

Pese la situación creada, los representantes independentistas reiteraron que su compromiso está «para y con nuestros ciudadanos y ciudadanas», por lo que mostraron su «contundente rechazo» ante este tipo de medidas.

Defendieron que la actual crisis económica ahonda en las necesidades sociales, por lo que, a su juicio, los consistorios deberían trabajar con políticas activas que garanticen los derechos sociales de la ciudadanía así como el reparto de la riqueza, y para ello consideraron de «vital importancia» una financiación municipal correcta.

Como punto final, los ediles independentistas se dirigieron a los «responsables» de la situación -en alusión al Gobierno navarro, Lakua y diputaciones forales- para exigirles que «cesen en su amenaza» de recortar la financiación municipal y solicitarles una dotación «justa y suficiente».