El secretario general de CCOO de Euskadi, Josu Onaindi, y el responsable de Salud Laboral, Jesús Uzkudun, hicieron balance de trece años de Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. A juicio de Uzkudun, «es indudable que se ha reducido el nivel de siniestralidad, pero es insuficiente, porque una simple muerte por el trabajo nos llevaría a actuar». El dirigente sindical reconoció que «se está produciendo un incremento del rechazo social a que se pierda la vida en los puestos de trabajo» y reclamó una mayor implicación «social y sindical. No es suficiente denunciar los hechos y ponerse con una pancarta», precisó.

Tras ese balance, los sindicalistas de CCOO de Euskadi confirmaron que que la mesa de siniestralidad «está rota». Se refirieron a la que estableció el Departamento de Trabajo del Gobierno de Gasteiz en julio cuando se elevó la siniestralidad mortal de una manera evidente.

Uzkudun y Onaindi culparon de esa ruptura a la actitud de Lakua «que actúa como rehén del sindicato mayoritario» -refiriéndose sin mencionar a ELA-, ya que, a su juicio, «obstaculiza cualquier acuerdo en esta materia». El secretario general del sindicato, Josu Onaindi, afirmó ayer que están dispuestos a participar en cualquier ámbito en el que se aborden los problemas de los trabajadores pero advirtió de que «no cuenten» con CCOO para «poner en cuestión todo el entramado institucional vasco».

Este sindicato reconoció que esa mesa de la siniestralidad era mera propaganda y reconoció que «nos levantamos de la misma» porque el Gobierno de Lakua «se negó a recibir 800.000 euros de la Seguridad Social para financiar la formación de agentes preventivos».