No resulta sorprendente la filtraci�n por �The New York Times� de la existencia de un documento secreto fechado en la primavera de 2004 cuyo contenido es la autorizaci�n a las Fuerzas de Operaciones Especiales y a la CIA a llevar a cabo operaciones y ataques en cualquier pa�s en el que suponen opera Al Qaeda, al margen de la relaci�n de amistad o enemistad de esos pa�ses con EEUU. No sorprende toda vez que de hecho esos ataques han llegado a producirse, pero la firma en el documento del entonces jefe del Pent�gono, Donald Rumsfeld y la conformidad del presidente George W Bush resultan una verdadera oda a la hipocres�a.

Resulta indignante que quien se otorga a s� mismo la autoridad moral para desacreditar e incluso derrocar gobiernos lo haga en nombre de los valores democr�ticos, de los que se considera �nico guardi�n. E indigna que lo haga vulnerando flagrantemente los valores que dice defender. Lo que ahora se ha revelado era un secreto a voces, pero su existencia no deja lugar a posibles acusaciones de especulaci�n, animadversi�n o prejuicios de quienes denuncian los abusos permitidos e instigados en nombre de una legalidad vulnerada constantemente. Dicha revelaci�n, no obstante, tambi�n constata algo que el ciudadano de a pie pod�a percibir pero que en estos casos aparece en su dimensi�n real, y es inevitable una sensaci�n de indefensi�n ante una maquinaria de poder para el cual cuestiones como derechos humanos o voluntad popular simplemente no existen.

Ahora se ha conocido la licencia al Ej�rcito estadounidense y a la CIA para �operar� en numerosos pa�ses. Peri�dicamente se desclasifican documentos que sacan a la luz esc�ndalos que un sistema verdaderamente democr�tico no deber�a pasar por alto, sin depurar responsabilidades y tomar medidas para evitar que se sigan produciendo; sin embargo, lo cierto es que a buen seguro existen otros muchos documentos testigos de casos parecidos o incluso de mayor gravedad. Otros muchos certificados de hipocres�a y falta de escr�pulos.