No resulta sorprendente la filtración por «The New York Times» de la existencia de un documento secreto fechado en la primavera de 2004 cuyo contenido es la autorización a las Fuerzas de Operaciones Especiales y a la CIA a llevar a cabo operaciones y ataques en cualquier país en el que suponen opera Al Qaeda, al margen de la relación de amistad o enemistad de esos países con EEUU. No sorprende toda vez que de hecho esos ataques han llegado a producirse, pero la firma en el documento del entonces jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld y la conformidad del presidente George W Bush resultan una verdadera oda a la hipocresía.

Resulta indignante que quien se otorga a sí mismo la autoridad moral para desacreditar e incluso derrocar gobiernos lo haga en nombre de los valores democráticos, de los que se considera único guardián. E indigna que lo haga vulnerando flagrantemente los valores que dice defender. Lo que ahora se ha revelado era un secreto a voces, pero su existencia no deja lugar a posibles acusaciones de especulación, animadversión o prejuicios de quienes denuncian los abusos permitidos e instigados en nombre de una legalidad vulnerada constantemente. Dicha revelación, no obstante, también constata algo que el ciudadano de a pie podía percibir pero que en estos casos aparece en su dimensión real, y es inevitable una sensación de indefensión ante una maquinaria de poder para el cual cuestiones como derechos humanos o voluntad popular simplemente no existen.

Ahora se ha conocido la licencia al Ejército estadounidense y a la CIA para «operar» en numerosos países. Periódicamente se desclasifican documentos que sacan a la luz escándalos que un sistema verdaderamente democrático no debería pasar por alto, sin depurar responsabilidades y tomar medidas para evitar que se sigan produciendo; sin embargo, lo cierto es que a buen seguro existen otros muchos documentos testigos de casos parecidos o incluso de mayor gravedad. Otros muchos certificados de hipocresía y falta de escrúpulos.