Friendship, el grupo que desde hace tres años trabaja en el Parlamento Europeo con el objetivo de apoyar e impulsar un proceso de resolución democrática en Euskal Herria, organizó ayer un exitoso acto en el que ponentes tan reputados como Brian Currin y Raymond Kendall -ambos forman parte de la Iniciativa Internacional por la Paz y el Diálogo en el País Vasco- departieron durante cerca de dos horas y media sobre la situación política vasca. Hablaron en presencia de un centenar de personas, entre ellas parlamentarios de diversos colores y procedencias -entre diputados y asistentes hubo representantes de todos los grupos-, periodistas de diferentes países, personal de ONGs, abogados especializados en derechos humanos y miembros de comités de solidaridad con Euskal Herria.

Bairbre de Brún, parlamentaria de Sinn Féin, y Gerard Onesta, electo europeo por Los Verdes, ejercieron de moderadores e introductores de los dos invitados, aunque también expresaron su punto de vista sobre el tema que se estaba abordando. El primero en tomar la palabra, tras la presentación de los anfitriones, fue Brian Currin, abogado sudafricano que conoce de primera mano conflictos como el del Norte de Irlanda y el de su propio país. Partiendo de su experiencia, valoró que existen algunos elementos y pautas de actuación que son comunes en los procesos resolutivos de ambos conflictos, y valoró que, más allá de las diferencias que puedan existir, deberían aplicarse también en otros escenarios, como Euskal Herria.

Dicho esto, entró en materia y se refirió a que tanto en Sudáfrica como en el Norte de Irlanda «todos admitían que todas las partes debían participar libremente y en igualdad de condiciones». Un punto de vista que contrapuso a lo que sucede en nuestro país, donde, como recordó «Batasuna, la izquierda independentista, está totalmente excluida del proceso democrático». A renglón seguido, se preguntó «cómo puede haber un proceso de paz si un colectivo tan importante se excluye del mismo», y se respondió él mismo: «Es imposible».

Por ello, insistió en varias ocasiones en la necesidad de que la izquierda abertzale pueda participar, sin vetos, en el juego político, e ilustró a los asistentes sobre las consecuencias de la Ley de Partidos. Señaló además que «el liderazgo de Batasuna se ha comprometido con un proceso de paz, con un proceso democrático, pero eso no parece ser suficiente para el Gobierno español».

Currin, que se lamentó porque desde la constitución de su grupo las autoridades españolas «nos han hecho boicot» y no les han recibido, también dio una gran importancia a la legislación existente en el Estado español en esta materia. Destacó que en Sudáfrica, al inicio de los 90, sin proceso de paz, el Gobierno liberó a numerosos prisioneros y legalizó a los partidos proscritos, y que en Irlanda Sinn Féin pudo participar en el proceso con todas las garantías, pero que la actitud de las autoridades españolas es totalmente diferente. Así, se lamentó por la aplicación «muy severa de la legislación», e hizo alusión a temas como la incomunicación que se aplica a los detenidos y las torturas, denunciadas también por múltiples organismos, el más reciente el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Este letrado hizo también alusión al juicio contra Juan José Ibarretxe, dos miembros del PSE y varios interlocutores independentistas por dialogar, y a otras cuestiones antes de concluir que «es una responsabilidad de todos buscar una solución».

«Me parece increíble»

Después de Currin intervino Raymond Kendall. A sus 75 años se halla jubilado, pero durante varios años fue secretario general de Interpol, y ha tenido también otros altos cargos. Desde esa perspectiva, advirtió de que expresaría algunos puntos diferentes a los de Currin pero, también por esta razón, resultó especialmente destacable su va- loración de la actuación de las fuerzas policiales y de la judicatura española. «Nadie puede estar de acuerdo con que no haya un abogado presente desde el momento de la detención; los abogados deben tener acceso a sus clientes», afirmó en relación a la incomunicación aplicada a los detenidos. Se refirió también al cierre de periódicos, la ilegalización de partidos, y la demanda de repatriación de los prisioneros vascos.

«Todos los organismos, todos los informes, están de acuerdo en todo esto, y se lo remiten al Gobierno español, pero éste lo ha ignorado. ¡Y me parece increíble! No entiendo por qué no hacen nada», concluyó Kendall esta parte de su exposición. Antes de ceder la palabra, sin embargo, opinó que «las autoridades españolas quizá tengan una cultura judicial diferente. España es una democracia relativamente nueva, y hay algunas actitudes antiguas, franquistas, en algunos jueces. Me pregunto si ignorar estas cuestiones sobre derechos humanos no forman parte de esta cultura judicial». Esto fue lo que dijo el ex máximo responsable de Interpol ante representantes de todos los grupos parlamentarios.

Antes de darse por concluida la conferencia hubo un largo turno de preguntas, en el que intervinieron varios de los parlamentarios, así como representantes de otros organismos.

La cita concluyó con un largo aplauso. Para entonces, la revista que el Friendship había editado con motivo de esta conferencia ya había quedado totalmen- te agotada.