La apoderada Begoñe Agirre y el concejal electo Borja Sarrionandia denunciaron ayer que Ayuntamiento de Bilbo y Diputación vizcaina sabían que los solares donde se están levantando el palacio de deportes y el frontón, al igual que buena parte de los bloques de viviendas del barrio de Miribilla, se asientan sobre tierras contaminadas y horadadas por antiguas galerías mineras. Es más, acusaron a ambas instituciones de «negligencia que podría rayar la prevaricación» por sus actuaciones.

Las complicaciones surgidas, por ejemplo, en la cimentación del palacio de deportes costarán a las arcas públicas 12,5 millones de euros adicionales a añadir a los cerca de 30 millones en que se adjudicaron al inicio los trabajos de la infraestructura deportiva, y un año de retraso. El presupuesto del frontón, fijado al comienzo en 19 millones, también va a ser mucho mayor.

Los representantes independentistas explicaron que se ha edificado y se sigue construyendo sobre las minas San Luis y Malaespera, «inestables y con abundante contaminación peligrosa», según se recoge en diferentes informes oficiales de 2001 y 2004. Aclararon que los estudios del Ihobe y el Instituto Geológico y Minero de España estaban en poder de las constructoras y los responsables municipales y forales.

En el primero, desvelaron, Ihobe informaba de la contaminación con lindane, arsénico, plomo, cadmio, mercurio y PCBs, entre otras sustancias tóxicas. El otro alerta de la precaria estabilidad de los terrenos de la mina Malaespera, donde se han edificado en los últimos años bloques de viviendas.

Borja Sarrionandia denunció la hipocresia de PNV, PSE y PP, «que ahora se hacen los sorprendidos cuando conocían ambos informes». En el caso de la contaminación, se descubrió tras un incendio en 1990 y el posterior catálogo de Ihobe.

¿Por qué se permitió edificar?

El electo abertzale reclamó que se depuren responsabilidades políticas en la Diputación y exigió la dimisión de Ibon Areso y Julia Madrazo, que ostentan o lo han hecho la delegación de Urbanismo. «Conocían la existencia de esos informes y aún así, han dado permiso para que se edificara», subrayó.

Señaló que se abonaron 100.000 euros por un informe «hecho a la carta» a la empresa Eptisa-Cinsa «con el fin de que les dijera que el terreno estaba limpio», cuando se ha demostrado que no es así. «¿Quién encargó la realización del citado informe a Eptisa-Cinsa y le regaló 100.000 euros de todos los contribuyentes para que pusiera por escrito lo que el Ayuntamiento y la Diputación querían oír? Tiene que dimitir ya», dijo.

Tras criticar que la descontaminación de los terrenos vaya a correr a costa del erario público, anunciaron que van a solicitar a la diputada foral de Cultura, Josune Ariztondo, que se efectúen nuevas estudios sobre los terrenos donde se construyen el palacio de deportes y el frontón. Mientras, piden la paralización de las obras y que los antiguos propietarios de los solares, que obtuvieron pingües plusvalías por la venta, o a quienes vertieron las tierras contaminadas, que asuman las tareas de descontaminación.