La valoración que los representantes de la UPV, Aranzadi y Praileaitzen Lagunak hacían al concluir la Comisión de Cultura del Parlamento de Gasteiz era positiva. Intuían que sus palabras no había caído en saco roto y que los parlamentarios responderán a las llamadas a actuar que les lanzaron. «Es positivo el hecho de remarcar nuestra conmoción ante aquellos -en referencia a los parlamentarios- que tienen cargo. Además, ha sido más contundente que las anteriores, por la gente que ha participado», valoraba en declaraciones a gara el fotógrafo y miembro de Praileaitzen Lagunak, Xabi Otero.

La consejera de Cultura, Miren Azkarate, fue la encargada de abrir la comisión que abordó ayer la situación del santuario paleolítico de Praileaitz y la ladera en la que se ubica. Su principal movimiento respecto a anteriores comparecencias fue asegurar que no tenía ningún inconveniente en cambiar el decreto, aunque aseguró que no hacía falta, ya que el yacimiento está bien protegido por la Ley de Costas.

La argumentación expuesta por la consejera fue por dos caminos, los estudios encargados por la Diputación Foral de Gipuzkoa y los informes que su propio Departamento demandó a dos expertos. Respecto a los trabajos de campo, se han llevado a cabo estudios geológicos de estabilidad a través de georradares arqueológicos e hidrológicos -los resultados del cual aún no son concluyentes porque tiene que realizarse en las cuatro estaciones del año-. La consejera concluyó que dichos informes mostraban que los trabajos de Zeleta, empresa que explota la cantera en la ladera donde se sitúa Praileaitz no causan daños en el yacimiento.

Las conclusiones no convencieron al resto de comparecientes por una razón principal; Azkarate toma en consideración la protección de la cueva, mientras que los representantes de UPV, Aranzadi y Praileaitzen Lagunak exigen que se proteja la ladera en su totalidad. Desde al ámbito universitario, Javier Fernández Eraso y José Antonio Mujika explicaron que la evolución del conocimiento en arqueología hace que cualquier objeto de estudio pierda sentido si no se hace en su contexto. Aranzadi, que actualmente está llevando a cabo en el mismo Praileaitz un estudio arqueológico, mantiene su argumentación de que aún no se conocen límites de las cuevas y que, por lo tanto, no se sabe qué hay que proteger.

Ley de Costas

Respecto a la protección de la ladera, Miren Azkarate defendió que ésta ya estaba bajo la zona de servidumbre que establece la Ley de Costas. De hecho, la Agencia Vasca del Agua dictaminó el 28 de setiembre que la empresa Zeleta no puede continuar explotando en la parte protegida por lo que le impuso una multa de 60.000 euros y la obligación de devolver la zona a su estado original. La valoración de Aranzadi y Praileaitzen Lagunak situaba esta ley ajena al tratamiento que consideran que debe hacerse con el yacimiento ya que, según ellos, es la propia existencia de la cueva la que exige que se proteja y, para ello, se amplíe el decreto.

Sobre la ampliación, la consejera se mostró dispuesta a hacerla, aunque valoró que no hacía falta. Sin embargo, este cambio en el decreto fue al que le instó la propia Cámara el diciembre pasado con el apoyo de todos los grupos, salvo el de su partido, el PNV, que se abstuvo. Por ello, Maite Marco, de Praileaitzen Lagunak, lanzó una llamada clara a los parlamentarios reunidos a que asumieran su responsabilidad y presionaran al Departamento de Cultura.

El papel de los expertos

Otro de los ejes de la comisión fueron los informes de Paul Pettitt y Jean Clotte que presentó la consejera. El primero, profesor de la Universidad de Sheffield, apuntaba que la pista situada sobre la cueva debía cerrarse y que las corrosiones podían venir por los trabajos arqueológicos y no por las voladuras semanales de la cantera. Los profesores de la UPV valoraron que Pettitt no era un experto y que había generado un «ridículo Pettitt contra todos», en palabras de Fernández Eraso.

Más polémica despertó la interpretación de la consejera sobre el informe de Clotte, presidente de la Federación Internacional de Organizaciones de Arte Rupestre. Según Azkarate, concluía que las medidas iban en buen camino. La interpretación del resto de comparecientes, e incluso de parlamentarias como Itziar Basterrika o Isabel Celaá, en cambio, incidían en la alusión de Clotte al espacio de protección de 500 metros que rige en el Estado francés -a diferencia de los 50 que establece el decreto-. Otro de los puntos en los que coincidían fue la defensa de la protección de la ladera que hizo el experto escogido por el Departamento.