El consejero de Educación de Lakua, Tontxu Campos (EA), citó en la tarde de ayer, en un hotel donostiarra, a los agentes sociales y sindicales que trabajan en el mundo de la educación. El motivo, darles a conocer las modificaciones introducidas en el proyecto de reforma de los modelos lingüísticos, que había sido abiertamente cuestionado por sus socios jeltzales.

Había expectación por conocer el contenido de un proyecto que, tal como publicó GARA el sábado pasado, va a ser aprobado por Lakua este mismo mes. Tras el encuentro, sin embargo, sólo afloró la decepción y la resignación, por una reforma que, según sindicatos como ELA, LAB o STEE-EILAS, «lejos de buscar la euskaldunización del alumnado ha buscado el amparo político».

La dilación de la puesta en marcha del proceso fue la más criticada por los sindicatos y agentes del sector educativo.

Campos plantea fijar, ahora, un período de transición de cuatro años para que los centros educativos «se adapten» a las nuevas exigencias. Esto supone que desde el momento en que entre en vigor la reforma y hasta que transcurran cuatro años, ningún centro educativo tendrá la obligación de ponerla en práctica. Asumiendo que la reforma se impondrá de manera paulatina, -en el primer curso, educación infantil y primero de primaría, y en los consecutivos a curso por año-, el camino se traduce en doce de años. Y con esta nueva matización, que otorga cuatro años de prórroga, la total implantación de la reforma de los modelos lingüísticos no se dará hasta 2025, eso si el tiempo comienza a correr en el próximo curso escolar.

Pese a que desde Educación se incide en que no se ha aceptado fijar la condición de que se hagan pruebas pilotos previas antes de poner en marcha la reforma, tal y como ha solicitado PNV en repetidas ocasiones, esta prórroga parece ser un guiño a los jeltzales.

Según indicaron a GARA agentes que participaron en la reunión de Donostia, esta prórroga fue justifica con la necesidad de dar salida a aquellos profesores que componen a día de hoy el sistema educativo de la CAV y no cuentan en su curriculum con el segundo perfil lingüístico del euskara.

Al parecer, Campos valiendose de unos powerpoints pormenorizados explicó que la edad de este tipo de profesores ronda en los 50 años, con lo que un retraso de 16 años para su total implantación da una salida más que suficiente para ellos.

Las evaluaciones a fin de medir los resultados del nuevo marco también han sufrido modificaciones en el nuevo documento. La primera se fundamenta en el retraso de la primera evaluación, que no se dará hasta que los estudiantes tengan diez años, en su cuarto curso de educación primaria.

Asimismo, esas evaluaciones estarán, según la nueva propuesta, integradas en el proceso de evaluación general de las competencias básicas de cada centro y no como se pretendía anteriormente, de una forma especializada.

Otra modificación sustancial es que la falta reiterada de adecuación no tendrá la consideración de incumplimiento grave del concierto educativo, lo que significa que no impondrán castigo económico a aquellos centros que vulneren los derechos lingüísticos de su alumnado.

Tras un encuentro que se alargó más dos horas y donde participaron agentes como EHIGE, Sarean, BIHE, Ikaslan, Sortzen-Ikasbatuaz, Partaide o Kristau Eskolak, sólo los sindicatos CCOO, ELA, LAB y STEE-EILAS y la asociación de padres y madres EHIGE decidieron hacer valoraciones ante la prensa.

Mientras que para CCOO es una «irresponsabilidad» presentar una reforma que a su entender «dificulta hacer el mimbre de consenso que necesita esta comunidad», ELA, LAB y STEE-EILAS lo calificaban de «paso atrás» con respecto al anterior borrador.

Más allá de no estar de acuerdo con las novedades, apuntaron que, al igual que el anterior, el nuevo tiene grandes «deficiencias», y citaron en repetidas ocasiones la falta de precisión a la hora de fijar el nivel de euskara que deben lograr los alumnos. Fuentes del propio Departamento de Educación afirmaban que la obligatoriedad de que el 60% de las asignaturas deban de ofrecerse en euskara, «en la práctica supone un modelo B+», ya que a día de hoy este modelo ofrece alrededor del 50% de las materias en euskara.

Teniendo en cuenta que un estudio del centro de investigación Aztiker en 2004, establecía que sólo uno de cada tres estudiantes del modelo B logra un buen conocimiento del euskara, un B+ no parece que logrará mucho más.

El PNV hará hoy su valoración

A día de hoy, ni PNV ni EB se han posicionado públicamente ante el nuevo documento. No obstante, Antton Karrera, coordinador de EB en Gipuzkoa, valoró ayer en una entrevista radiofónica que el nuevo borrador redactado por EA sí ha acogido algunas de las matizaciones realizadas por su formación. La formación liderada por Iñigo Urkullu por su parte, respondiendo a preguntas de los periodistas, apuntó que dará a conocer hoy su postura.

Desde Euskal Herriak Bere Eskola, por su parte, trasladaron de forma gráfica su valoración de una reforma que, según censuraron, han conocido por la prensa, señalando que «para que nada cambie, han echado leche desnatada al café descafeinado». En una nota de prensa, este organismo social subraya que el nuevo proyecto ha asumido las críticas vertidas por el PNV y el PSE al inicial, y concluye que «la ley que hoy ha presentado Tontxu Campos desoye lo que reclama la mayoría de la sociedad, y tira a la basura las 107.768 firmas que reclaman una escuela que euskaldunice».