El pasado miércoles, nada más conocer, por medio del diario ``El País'', las medidas que ultimaban PP y PSOE contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos, GARA contactó con la letrada Arantza Zulueta para que realizara una valoración de urgencia sobre ello. Con todas sus reservas debido a la forma por la que se conocieron las medidas y sin poder hacer una «valoración exhaustiva y plenamente jurídica» por las dudas en torno a la forma de su aplicación, Zulueta calificó esta nueva iniciativa del Gobierno español como «un paso más en la vulneración de los derechos de los represaliados y en el Estado de excepción que padece Euskal Herria».

¿Qué valoración realiza ante la imposición de estas nuevas medidas?

Estas medidas demuestran que el poder Ejecutivo del PSOE ha convertido la ley en un instrumento fundamental e indispensable en su estrategia represiva. Es un ejemplo más de que ponen la ley al servicio del Gobierno, al servicio de sus intereses políticos y su estrategia política.

Sin embargo, esa utilización de la ley no parece nueva.

No. Es más, a partir del 2003 empiezan a adoptarse una serie de medidas que suponen el endurecimiento de las penas y de las condiciones de vida para los prisioneros políticos vascos. Podemos incluir la doctrina dictada por el Tribunal Supremo en 2006, el elevar las penas de 30 a 40 años, o la imposibilidad de lograr una libertad condicional. Todas ellas son medidas ad hoc contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos.

¿Existe alguna situación similar en algún otro país?

Aunque vuelvo a repetir que, hoy por hoy, no podemos saber qué clase de medidas son las que quieren aplicar, podemos afirmar que casualmente en el Estado francés sí se imponen unas medias parecidas, y precisamente contra los presos políticos vascos. Estas medidas, que se denominan accesorias o complementarias, las imponen los tribunales que se encargan de enjuiciar y condenar a los presos políticos vascos; y pueden consistir en la obligación de vivir en un departamento lejano a Euskal Herria o la prohibición de comunicarse con ciertas personas o de acercarse a determinados lugares o actos. En el Estado francés, estas medidas van dentro de la pena y están reguladas en el Código Penal.

¿Y en el Estado español?

La medida de no acercarse a víctimas, familiares u otras personas que señale el juez sí tiene un precedente y es que ya existe una modificación en el Código Penal español sobre esta materia, incluso la Audiencia Nacional ya ha aplicado en determinadas condenas la prohibición de acercarse al lugar de residencia de algunas víctimas en concreto.

En definitiva, ¿estas medidas vulneran derechos fundamentales?

Por supuesto que sí, pero es que están vulnerando derechos fundamentales con los presos políticos vascos tanto dentro de las prisiones como a la hora de imponer las penas por parte de la Audiencia Nacional. Y con estas medidas, que se van a aplicar a posteriori del cumplimiento de la condena, se da una vulneración flagrante de los derechos fundamentales.

Esta decisión demuestra el estado de excepción que padece Euskal Herria y que encuentra su reflejo más fiel, en la cárceles del Estado español y del francés, donde los presos políticos vascos tienen suspendidos todos sus derechos. Se está dando una vulneración de derechos y de falta de respeto a los derechos fundamentales dentro de las cárceles; y con estas medidas que quieren imponer lo que se da es un paso más.

Oihana LLORENTE