El rechazo de los futbolistas vascos a aceptar que su selección vuelva a denominarse Euskadi ha pillado con el pie cambiado al PNV, que ayer tildó la polémica de «estéril, artificial y contraproducente» por boca de Andoni Ortuzar. Sin embargo, fue precisamente desde el EBB desde donde se planteó esta imposición, según se ha confirmado desde la Federación Vasca en al menos dos reuniones. Un sms de Iñigo Urkullu, hace ahora un año, dio inicio a esta campaña.

El contundente anuncio de hace un mes de Nicolas Sarkozy del acuerdo unánime de los Veintisiete para refundar el sistema capitalista en la cumbre de Washington se ha ido diluyendo y ha pasado a convertirse en una simple revisión de la arquitectura financiera internacional en las horas previas al encuentro del G-20. La reunión ha hecho aflorar la amplia gama de intereses contrapuestos que se dan cita hoy en la capital de Estados Unidos.

El vigésimo cambio del Código Penal, que comenzó ayer su andadura con la aprobación en el Consejo de Ministros, impondrá durante 20 años la «libertad vigilada» a los presos políticos vascos una vez cumplida su condena, e implantará una decena de medidas que consideran «necesarias» al comprobar que la prisión no hace mella en el compromiso de los represaliados. Una reforma que da luz verde a las condenas de seis décadas contra los ciudadanos vascos.