El futuro del mercado de La Ribera sigue siendo una incógnita a pesar de que los responsables del Consistorio bilbaino hayan manifestado su firme voluntad política de apostar por la demolición del equipamiento público diseñado por Pedro Ispizua. En una columna de opinión publicada hace unos días en un periódico vizcaino, el concejal de Obras y Servicios, José Luis Sabas, insistía en que «debemos asumir el derribo del mercado porque no existe otro camino». Este análisis no es compartido por otros arquitectos, que desechan la opción defendida por uno de los hombres de confianza del alcalde Azkuna y apuestan por la rehabilitación integral de la estructura de hormigón forjado levantada en 1927.

Los nuevos planes municipales para la emblemática plaza de abastos se dieron a conocer a la opinión pública la tarde del 21 de octubre, después de que esa misma jornada, por la mañana, responsables del Consistorio informaran de su drástico proyecto a los representantes de los comerciantes. El presidente de la asociación, que ha avalado una tras otra las propuestas del equipo de gobierno, consideró acertada la solución diseñada por el Ayuntamiento.

«Nos han contado cómo está el armazón y lo que queremos es que, si hay que hacer un mercado nuevo, que se haga cuanto antes», manifestó entonces Jon Ander Ibarra, portavoz de 40 de los 94 comerciantes que disponen de negocios en los 103 puestos del mercado. El Consistorio considera interlocutor válido a Ibarra, a pesar de que tan sólo representa a una minoría. La mayoría, que se opuso a anteriores proyectos de obra e inversión inalcanzable, no ocultan su malestar por la actitud municipal.

Marcos Fernández, uno de los comerciantes que se opuso a los planes del Ayuntamiento, incide en que el tiempo les ha dado la razón. «Los miles de euros que se gastaron en estudios técnicos no han valido para nada una vez que el fundamental, el que debía analizar la estructura del edificio, no se realizó. Ahora, el informe de Labein descubre la mala gestión del Ayuntamiento, la Mercantil y Bilbao Ría 2000», explica.

Tras el análisis exhaustivo de la estructura de La Ribera, Labein concluye que el hormigón forjado está corroido por la humedad y la utilización de arena de playa para elaborarlo. Los técnicos del laboratorio especializado añaden en su documento que el edificio de Ispizua no puede soportar «las cargas previstas en las debidas condiciones de seguridad», por lo que es necesaria la demolición de la estructura dañada. «Hay que hacer otra estructura nueva y olvidarnos de la enferma», defiende Sabas, para quien no se debe abrir un debate amplio sobre cómo resolver el problema.

La pretensión municipal es el derribo y reconstrucción del equipamiento por fases respetando el estilo arquitectónico y manteniendo la actividad comercial. La única modificación prevista es la eliminación del ábside que da a San Antón, argumentado que no estaba en el proyecto inicial de Izpizua, para crear un acceso en el nuevo aparcamiento y área de carga-descarga en la actual planta de ocupan los puestos de pescados.

El arquitecto Iñaki Uriarte rechaza los argumentos del Ayuntamiento. Asegura que arquitectónicamente el mercado de La Ribera «es muy brillante, al insertarse en una planta estirada, al contrario que otros mercados europeos más cuadrados; es rotundamente simétrico». Por ello, insiste en que Pedro Ispizua contempló en su diseño los dos ábsides: el de San Anton, en peligro; y el de La Merced, que se reconstruyó tras las inundaciones de 1983.

Uriarte acusa a los responsables municipales de tratar de «cambiar el modelo del mercado», al igual que sucedió en Donostia con los de la Bretxa y San Martín. «Hay una voluntad indisimulada por variar su funcionamiento», intuye el arquitecto bilbaino, para quien en la reforma de La Ribera siempre han existido intereses de «un gran grupo comercial». Esta reflexión es compartida por Marcos Fernández, que desvela que en el actual proyecto se contempla la instalación de 60 puestos en la primera planta cuando ahora hay 94 comerciantes con 103 puestos. «Aquí se ve la sombra de la especulación en la redacción del plan. Están jugando en época de crisis con el trabajo y el bienestar de decenas de familias», afirma el pescatero.

Diversos arquitectos tampoco comparten el avance del plan de obras que pivota en la demolición primero del ala de San Antón para, tras su reconstrucción, acometer la de La Merced. La previsión es de que los trabajos comiencen en 2009 y se prolonguen durante tres años.

Iñaki Uriarte asume que los daños detectados por Labein en la estructura del mercado son «importantes pero no graves. Son remediables gracias a los medios técnicos que existen, desde el refuerzo a la sustitución del forjado. Soluciones hay -subraya este profesional que se pregunta por si existe voluntad real de conservar el edificio y mantener su función de mercado tradicional-».

«Es una opción brutal e ignorante»

Uriarte arremete contra el Área de Obras y Servicios, a la que acusa de optar por una «opción brutal e ignorante de las alternativas que hay» para reformar un mercado de estilo ecléctico y racionalista «con algún matiz secesionista». No es el único profesional que cuestiona el proyecto de reconstrucción. Desde diversos foros se apuesta por la rehabilitación de la estructura «como la opción más barata» para conservar la obra de Izpizua y poder mantener con garantías la actividad comercial.

En su amplia reflexión, Uriarte confiesa que es consciente de que la plaza de abastos necesita mejoras para hacerla competitiva y adaptarla a los tiempos. Estima que el trazado del tranvía, que califica de «proyecto político de emergencia», ha condicionado los anteriores planes de reforma de La Ribera, especialmente aquellos vinculados a la habilitación de un aparcamiento subterráneo y una zona de carga y descarga.

Desde el ámbito político, PP y PSE acusan al equipo de Iñaki Azkuna de mala gestión en todo lo relacionado con La Ribera. Txema Oleaga (PSE) denuncia que PNV y EB han pretendido ocultar «intencionadamente» los graves problemas estructurales del equipamiento municipal. A estas declaraciones ha respondido el delegado de Obras y Servicios negando que hubiese habido cualquier tipo de negligencia.

No es de la misma opinión el grupo municipal de la izquierda abertzale. «El Ayuntamiento, a pesar de ser el propietario del mercado de La Ribera, no ha invertido un solo euro en su mantenimiento desde 1983. Ahora -destacan- no puede obligar a los comerciantes a asumir el gasto de la remodelación». Los representantes independentistas argumentan que tiene que ser el Consistorio quien asuma la financiación de las obras de remodelación, al ser el propietario del edificio. Se baraja que costarán alrededor de 15 millones de euros, aunque hay que esperar a que se redacte el proyecto básico, previsto para final de año, para conocer su importe más exacto.

La izquierda abertzale desvela que, al parecer, existen tres proyectos, aunque el único que se conoce es el hecho público el 21 de octubre por los responsables municipales y de Labein. Reclama «transparencia» en la gestión, especialmente después de los continuos problemas que se vienen generando y sus consecuencias sobre los comerciantes y los miles de clientes bilbainos y vizcainos.

Más allá ha ido en su valoración la asociación de vecinos Bihotzean, que ha pedido la inmediata dimisión de la junta que dirige la Mercantil -al igual que la del delegado de Salud y Consumo, el jeltzale Sabin Anuzita- y su inmediata disolución. Para el veterano organismo ciudadano es fundamental que el equipo de gobierno PNV-EB abra un espacio de participación ciudadana que incorpore las opiniones de comerciantes, vecinos, consumidores, sindicatos agrarios y partidos de la oposición, tanto en el proceso de elaboración como en el control de la gestión y ejecución del proyecto.