Italia Méndez, de 29 años de edad e integrante de una ONG, fue detenida el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, a donde acudió atendiendo a la llamada del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, una organización de campesinos, para hacer frente al operativo policial que la víspera se había saldado con más de cien detenidos y un menor de 14 años muerto. El arresto se produjo en el domicilio de un campesino y fue acusada, sin pruebas, de «ataques a las vías de comunicación», es decir, bloqueo de carreteras.

Durante su traslado a prisión, en un camión junto a otros detenidos, fue desnudada, agredida sexualmente -uno «me penetró con sus dedos la vagina, apretaba mis senos y pellizcaba con violencia mis pezones» y otro «me penetró con un objeto mientras amenazaban con violarme»- y golpeada por tres policías, y le obligaron a estar desnuda durante cuatro horas hasta llegar a prisión, donde permaneció quince días. Dos años después ha sido absuelta.

Para romper el cerco informativo y superar su trauma, denunció los hechos, aunque no confía en lograr justicia. La dilación de la justicia en México ha llevado a once mujeres a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuál era el objetivo de aquel operativo policial?

Es parte de una estrategia ya muy conocida de control de la población y lo vemos también como una medida de castigo ejemplar a los movimientos sociales, cuya criminalización se busca. Envían muchos efectivos policiales a sitiar y arrasar una población. Entraron con violencia a detener a diestro y siniestro, irrumpieron en las casas donde la gente desayunaba tranquilamente. Detuvieron a más de cien presonas que encontraron a su paso.

¿Qué consecuencias tuvo?

La mayoría de las detenciones fueron ilegales, ya que no existían órdenes judiciales para entrar en los domicilios. A más de 173 personas se les acusó de ataques a las vías de comunicación. Unos 120 hemos sido absueltos por falta de pruebas. Cuarenta personas esperan sentencia por ese cargo y 13 compañeros siguen presos. Diez de ellos cumplen 32 años de prisión, el resto está en una prisión federal de máxima seguridad. Dos, con penas de 67 años de cárcel y el otro, Ignacio del Valle, de 102 años. Unas condenas absolutamente excesivas incluso en México, donde narcotraficantes o los peores delincuentes no son condenados a ellas.

¿Cómo valora la diferente actitud de las autoridades frente a la resistencia social y ante el crimen organizado?

Desde el Estado, profundamente corrupto e impune, se quiere dar la sensación de que si no se militariza el país estamos perdidos. Es una doble estrategia para meterse en todos lados e irrumpir en comunidades. La guerra contra el narcotráfico es la excusa perfecta, pero en realidad se está dando una guerra frontal contra los movimientos y organizaciones sociales.

Tras el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, diecisiete mujeres presentaron denuncias por tortura sexual. ¿En qué la situación está ese proceso?

En un principio fueron 17 las mujeres que denunciaron tortura sexual pero continuamos once, ya que el proceso se ha tornado en lo más tedioso, cansado y hasta con medidas de hostigamiento por parte del Estado. No ha avanzado nada, seguimos con la investigación por parte de la Fiscalía que atiende actos violentos contra las mujeres. Quien debe hacerlo es el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina, que en mayo de 2006 era secretario federal de Seguridad Pública, es decir, quien diseñó y ejecutó los operativos de Atenco. Hay un conflicto de intereses explícito, pero el estado de impunidad en el país es tal que su recusación es incuestionable. A pesar de todo, seguiremos con la denuncia.

¿Cuál es el objetivo de la tortura sexual? ¿Es algo sistemático?

Durante este proceso de denuncia pública, social y jurídica nos hemos dado cuenta de que es un trato sistemático con el que intentan quebrantar la moral de los movimientos sociales. Mancillan o atacan a las mujeres de los movimientos sociales y eso ocasiona un problema muy fuerte para los hombres del movimiento, por ese discurso machista de propiedad de la mujer. Pero también conlleva la destrucción del tejido social solidario. Si no se trabaja en red, la organización se viene abajo.

¿Confían en lograr justicia?

Desde el Estado, no. Verbalizándolo y compartiéndolo con otros podemos romper la impunidad en la que se mueve el sistema político en México. Meternos en una denuncia jurídica es una herramienta para que no quede en la impunidad, para evidenciarlo y no caer en el silencio en el que nos quieren sumir. Es muy probable que nunca haya una sentencia, pero vamos gestionando cosas son curativas para nosotras y, sobre todo, para fortalecer el movimiento del que provenimos.

¿Ha habido alguna reacción de las estructuras del Estado?

Desde dos vertientes. A través de los medios de comunicación se nos ha criminalizado, diciendo que no hubo excesos, que mentimos y que nos autolesionamos. Y la Fiscalía, con instrumentos como el Protocolo de Estambul -herramienta para medir las secuelas de la tortura, que en nuestros casos ha dado positivo-, ha intentado revictimizarnos. Ahora nos enfrentamos a un intento de la Fiscalía de realizar un estudio para un posible resarcimiento económico, que no nos interesa.

¿Qué enseñanza ha sacado de aquella experiencia?

Ha sido un trago muy amargo, que recuerdo con dolor, que cambió mi vida por completo, incluso mi proyecto de vida y mi trabajo. Algo me tocaron y estoy muy sensible al dolor humano, por lo que ya no puedo trabajar con menores en situación de vulnerabilidad social. Pero he aprendido mucho, a trabajar y gestionar mis miedos y a canalizar esa rabia que tenía, que tengo. Junto con mis compañeras trabajamos por convertir ese temor, todo lo que representa Atenco, en resistencia.