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El Ejército, la Marina y la Policía federal asumen el control del este de Tijuana

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El Ejército, la Marina y la Policía federal y estatal asumieron ayer el control de las calles del este de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos e inmersa en una espiral de violencia. El alcalde Jorge Ramos explicó que la medida durará un mes. «No es una militarización de la ciudad», agregó.

Entre el domingo y el lunes, encontraron 14 cadáveres con signos de violencia.

La Fiscalía estatal indicó que el lunes por la tarde, un grupo armado mató a tres personas en una tienda de piezas para motocicletas. Más tarde, en dos barrios fueron acribillados con fusiles automáticos dos jóvenes, uno de ellos menor de edad.

Por la mañana, un vendedor de comida rápida fue tiroteado con una pistola 9 milímetros y un fusil AR-15 por dos individuos que bajaron de una camioneta. De madrugada fue hallado dentro de su casa el cuerpo de otra persona en un barrio residencial de Tijuana, con varios impactos de fusil en la fachada.

Minutos antes, fue localizado otro cadáver en la zona de la Mesa en la parte fronteriza con Estados Unidos. Tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico atada con cinta adhesiva, un dedo mutilado, las manos atadas a la espalda y signos de tortura en todo el cuerpo.

Poco antes de la medianoche del domingo, la Policía halló en dos zonas en esta ciudad otros cuatro cuerpos, dos de ellos con impactos de balas de fusil automático y los otros dos semidesnudos dentro de una furgoneta con matrícula del estado de California.

En lo que va de año, casi 650 personas han fallecido de forma violenta en Tijuana. Las autoridades responsabilizan al crimen organizado. En todo México, la cifra supera los 4.500.

Exigencias

El domingo, 4.000 personas tomaron las calles de Tijuana para exigir a las autoridades que pongan freno a la criminalidad.

Entre sus propuestas está la de crear una fiscalía especial para que investigue los secuestros que se han incrementado en el último año, a pesar de que no hay un reconocimiento oficial de la magnitud del problema. Por ello, solicitaron el máximo apoyo del presidente, Felipe Calderón, para combatir la ola de violencia que afecta a esta frontera y que, en menos de dos meses, ha contabilizado 250 ejecuciones. Reclamaron también que se instale una representación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y que se castigue penalmente a los funcionarios que no cumplan con los acuerdos contenidos en el convenio de seguridad nacional firmado en setiembre.

Entre los manifestantes había familiares de personas secuestradas y desaparecidas.

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