No estamos en desaceleración, ni en recesión, ni tan siquiera en crisis económica, estamos en algo más profundo, en el agotamiento de un modelo económico que por depredador se hace inviable. Una de las características fundamentales de ese sistema legal consiste en asegurar la reproducción social existente a lo largo del tiempo, algo que se suele obviar pero que resulta fundamental para poder comprender el actual marco jurídico-político impuesto por los estados español y francés, y aceptado por la burguesía vasca, que mantiene a Euskal Herria dividida territorialmente y sin opción a decidir su futuro frente a los nuevos retos económicos, propiciando la opresión sexo-económica y la opresión de clase.

Los representantes políticos regionales (PSOE, UMP, PNV y UPN fundamentalmente) desde comienzos de los años 90 han asumido la institucionalización de la desigualdad, poniendo las actuales instituciones al servicio de las elites económicas. Han configurado unas prebendas de exclusión sobre los recursos económicos de la mayoría de la sociedad, aprovechándose en muchos casos para ello del apartheid al que someten a la izquierda abertzale. Han apostado por un modelo de sobreconsumo que derrocha energía; se mercantilizan el ocio y la cultura; se deja agonizar al sector primario; se abandona la industria a los intereses de las grandes transnacionales dejando vía libre a la deslocalización; se recorta el gasto social privatizando servicios básicos; se recortan o eliminan derechos sociales y laborales, de manera que el cuidado de las personas dependientes recae sobre las mujeres, profundizando en su precarización. Y todo este recorte de derechos se produce cuando en Euskal Herria, tal y como presumen Ibarretxe y Sanz, se produce una cantidad inmensa de riqueza. Lo que ocurre es que esa riqueza no se reparte con criterios de justicia social.

Y es que la burguesía regionalista, destacando la del PNV, muy unida al lobby de la construcción, plantea la «construcción de Euskal Herria» basándose en ladrillo y cemento, sin tener en cuenta las necesidades de la población: el TAV, variantes, superpuertos, grandes superficies, nuevo Guggenheim... Entre 1987 y 2006 una sola generación del PNV ha cementado 3.283 hectáreas de Euskal Herria.

Esta situación estructural de dominación y explotación se hace más en períodos de crisis económica. El capitalismo tiene crisis cíclicas en las que la tasa de beneficio de los empresarios desciende y entonces pretenden que toda la población se apriete el cinturón y con dinero público se les ayude a mantener sus negocios. Con este panorama, los sectores populares observan cómo sus condiciones de vida, ya precarias de por sí, se hacen casi insoportables.

Entre tanto, los gobernantes -en connivencia con las elites económicas- intentan reflotar el sistema neoliberal y reforzar el actual marco jurídico-político. El ejemplo más evidente de esta apuesta, además de las inyecciones de dinero directo para la banca, son las medidas propuestas por Zapatero y por Ibarretxe y Sanz -ayuda directa al sector de la construcción, bajadas de Impuestos de Sociedades, supresión del Impuesto de Patrimonio...-, que están dirigidas a la gran patronal y a la pequeña burguesía, sin consultar para nada a agentes sociales y sindicatos.

Así las cosas, la patronal y las elites políticas están hablando ya de la refundación del capitalismo, de manera que pretenden hacer pequeñas reformas para profundizar y asentar la esencia de ese sistema. Para ello, cuentan con la colaboración de los mass-media y de tecnócratas e intelectuales a su servicio. Por el contrario, los sectores populares no podemos apostar por reflotar un sistema económico y un marco jurídico-político que se reproduce y perpetúa; ya que lleva en sí mismo la negación de Euskal Herria y la explotación y la precarización social. Se necesita un cambio de modelo económico, para lo que es imprescindible la consecución de un marco democrático que posibilite la autodeterminación y que abra las puertas a la independencia y el socialismo.

En este camino por el cambio político y social será clave la organización y la lucha. Cada cual desde su práctica y militancia diaria, debe aportar en la medida de sus posibilidades a la estrategia de construcción nacional para conquistar ese marco democrático y para ir construyendo, desde ya, un Estado Vasco.

La creación de ese Estado Vasco es fundamental para asegurar la supervivencia de Euskal Herria como pueblo, para garantizar todos los derechos del pueblo trabajador vasco y para concretar el proyecto estratégico de la izquierda abertzale: la independencia y el socialismo. Cualquier otra formulación jurídico-política, condena a Euskal Herria y a la clase trabajadora a la sumisión. Y es que sin la posibilidad de ordenar el territorio, de ordenar el sistema público, de reordenar y optimizar nuestro capital humano, de establecer el sistema económico deseado, de ordenar el sistema tributario, de establecer una política monetaria, de establecer en función de nuestras prioridades las relaciones internacionales... -todos ellos elementos sujetos a la creación de un Estado-, Euskal Herria no puede garantizar ni su existencia como pueblo, ni su soberanía económica y un desarrollo endógeno en armonía con nuestro medioambiente y que posibilite la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.