En el año 2001, el convenio que ha permitido al Ejército español utilizar el suelo de las Bardenas estos siete años fue avalado por los representantes de 16 de las 22 entidades que disfrutan conjuntamente del territorio (los llamados congozantes). Aquella decisión fue precedida de una larga polémica política, y colectivos partidarios del desmantelamiento contactaron con muchos de estos congozantes para tratar de convencerles de que dijeran no al acuerdo.

Finalmente, sólo seis consistorios que estaban dirigidos por el PSN se mostraron en contra del nuevo contrato, lo que resultó insuficiente para lograr poner punto final a esta instalación militar impuesta en pleno franquismo. Sin embargo, en esta ocasión las perspectivas son aún peores para los detractores del polígono, dado que el PSN ya ha expresado su respaldo a la renovación. Y es que entonces el Gobierno español estaba en manos del PP, pero ahora lo dirige el PSOE.

Si la posición del PSN ha cambiado, la del Estado se mantiene intacta: el Ministerio de Carme Chacón, como entonces el de Federico Trillo, argumenta que no ha podido encontrar alternativas económicamente viables al único polígono de tiro aéreo que tiene en territorio estatal. No importa que se hubiera comprometido a ello en el convenio de 2001.

El presidente de la Comunidad de Bardenas y ex diputado de UPN, José Antonio Gayarre, ha convocado la reunión decisiva para el próximo 17 de diciembre. Acudirá a ella, por tanto, con la tranquilidad de saber que el nuevo convenio está avalado por los dos partidos que dirigen los 19 ayuntamientos congozantes, UPN y PSN. La Junta se completa con los votos de los valles de Zaraitzu y de Erronkari y con el del Monasterio de La Oliva.

En función del peculiar sistema de organización del territorio, establecido con una cédula real de 1705 y consolidado en 1820, cada uno de ellos dispone de un voto, sea cual sea el volumen de población al que estén representando.

La propiedad como argumento

Como ocurriera también en el año 2001, el acuerdo no ha sido presentado ni por la Junta de Bardenas ni por el Ministerio de Defensa, que se han limitado a filtrar a los medios parte de su contenido. Tampoco pueden encontrarse referencias en sus páginas webs. Únicamente la Junta y los congozantes están al tanto de sus pormenores exactos.

El nuevo convenio que se votará el día 17 llama la atención por dos cuestiones: su extensión temporal y la modificación de la cuestión de la propiedad. Empezando por el primero, la duración establecida es de 20 años, lo que triplica al anterior de 2001 (siete años) y se acerca a los dos impuestos por el régimen de Franco en 1951 y 1976 (25 años). Antes de fijar este plazo, ambas partes han «escenificado» una discrepancia: Gayarre abrió la puerta primero a un pacto para quince años, y la ministra Chacón afirmó en el Congreso que querían que fuera de 30. Se trata, en cualquier caso, de un contrato «de larga duración», como pretendía el Gobierno español. Su ejército tendría permiso para seguir en suelo bardenero hasta el 31 de diciembre de 2028.

En cuanto a la propiedad, el convenio prevé la cesión del dominio directo del territorio a la Comunidad de Bardenas, que hasta la fecha únicamente disponía del dominio de gestión directa, de modo que la titularidad final sería del Estado, aunque a nivel puramente teórico. Pero esto no está tan claro. En 2000, ante las reticencias a prorrogar el polígono de tiro, el Consejo de Ministros de José María Aznar aprobó una «declaración de interés para la Defensa nacional» que hablaba de la posibilidad de una expropiación si la Comunidad de Bardenas se opusiera a la renovación. Nunca se ha podido saber si era o no un «farol» dado que ni en el año 2001 ni ahora se ha puesto al Gobierno español en esa tesitura.

La cuestión de la propiedad, además, es cuestionada por agentes como Nafarroa Bai. Patxi Zabaleta, portavoz parlamentario, afirmó el sábado en una manifestación en Iruñea que «el Estado no tiene ningún título, es decir, no es propietario de las Bardenas y no puede cederlas porque pertenecen a todos los navarros y navarras». Citó que en el Amejoramiento «los montes del Estado y las Bardenas están reconocidos como de Navarra».

Manifestación el día 14

Así las cosas, y ante la inacción del Gobierno navarro o el Parlamento en los que hay mayoría en favor del polígono de tiro, la movilización popular se perfila como la única fórmula para tratar de incidir en los 22 congozantes.

Tres días antes de que se tome la decisión final en la Junta, los firmantes del Manifiesto pro-Bardenas promovido por electos de la zona han convocado una manifestación en Tutera a la que llaman a acudir a todos los sectores que rechacen la presencia militar. La marcha partirá a las 12.30 de ese 14 de diciembre. Esta plataforma ya se concentró el pasado día 22 ante la sede de la institución presidida por Gayarre.

Nafarroa Bai, que rechazó la opción de una movilización conjunta, reunió a unas 800 personas anteayer en Iruñea para denunciar la prórroga.

La Asamblea anti-Polígono, por su parte, anuncia que se concentrará ante la sede de la Comunidad de Bardenas ese miércoles 17 de diciembre. En una nota emitida ayer, acusa a UPN, PSN y al Gobierno navarro de «abandonar a su suerte por dos décadas más a quienes habi- tamos el entorno del polígono de tiro».