Juanjo BASTERRA

La infradeclaración de las enfermedades profesionales se está convirtiendo en un problema de gran magnitud para la sanidad en cuanto al respeto y a la necesaria prevención de riesgos laborales que tienen los trabajadores.

Los expertos calculan que un 70% de las bajas que sufren los trabajadores se consideran enfermedad común o simplemente se obliga al trabajador a burlar ese período de incapacidad temporal cogiendo días de fiesta o de vacación que le quedan o que anticipa de las fiestas de su cómputo anual.

También ocurre que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aceleran la incorporación del trabajador al puesto de trabajo sin, en muchas ocasiones, contar con la alta médica de su dolencia. Estas situaciones se conocen porque las evaluaciones de riesgos no se realizan en la mitad de las empresas, como en ocasiones confirman los diferentes expertos en prevención.

Estas actuaciones fraudulentas se aceleraron en 2007 y en 2008 se ha corregido en cierta manera, pero el problema sólo es visible como lo es la punta de un iceberg. En Hego Euskal Herria, entre enero y setiembre de este año se han producido 3.455 bajas por enfermedad profesional. El 65% de las mismas corresponden a trabajadores.

En el Estado español, las bajas en los nueve primeros meses, según los datos oficiales del Ministerio español de Trabajo e Inmigración, suman 14.407 afectados, un 16,2% más que hace un año.

Hace unos días hacíamos referencia a la desigualdad social que se produce también en salud laboral. Con datos de 2007, sólo 20 de las 17.010 enfermedades profesionales declaradas afectaron a los directores de empresas y de administraciones públicas. En el sector industrial se producen la mitad de esas enfermedades profesionales.

La Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (SCSMT) en su revista sobre Prevención de Riesgos Laborales incorpora un «Análisis del descenso del reconocimiento de las enfermedades profesionales entre 2006 y 2007» en el conjunto del Estado español.

Cambios legislativos

El trabajo, firmado por Montserrat García Gómez y Rosario Castañeda López, reconoce que el año pasado descendieron en un 47% las declaraciones de enfermedades profesionales sobre el año 2005. Como conclusión confirman que «el patrón de descenso es distinto en esos dos años sin que factores como la edad, el sexo, la actividad económica o la ocupación parezcan relacionarse con las diferencias, lo que conlleva a pensar en el efecto disuasorio de los últimos cambios legislativos como explicación más plausible».

En 2006 se notificaron 135 enfermedades profesionales por cada 100.000 asalariados (21.905 casos), lo que supone 8.125 casos menos que en 2005, En 2007 se declararon 17.071 casos, lo que supone una incidencia de 102 enfermedades profesionales por cada cien mil trabajadores, es decir 4.844 casos menos que en 2006. Según los datos del estudio, 79,4 trabajadores de cada 100.000 con edades comprendidas entre 16 y 29 años sufrió una enfermedad profesional el año pasado, aunque la mayor número de afectados se corresponde con el tramo de edad comprendido entre los 40 y 49 años, con 131,8 afectados por cada 100.000 asalariados.

Por ocupación, los operadores de instalaciones y maquinaria son los que tienen más bajas por enfermedad, ya que se produjeron 203,5 bajas, cuarenta veces más que el índice de bajas de los directivos -5,4 bajas por 100.000 ocupados-. También los trabajadores del sector manufacturero y los no cualificados se encuentran en valores máximos de 193,7 bajas y 194,2 bajas por 100.000 trabajadores, respectivamente. La mayor parte de los afectados lo es por agentes físicos, 85 por cada 100.000.

Las autoras del análisis no encuentran explicación a la reducción de las enfermedades en 2007 respecto a un año antes y no consideran probable que se haya debido a una mejoría en la vigilancia de la salud de los trabajadores o cambios económicos en la actividad productiva. Entre las verdaderas razones de esa infradeclaración apuntan a que con los cambios legislativos las mutuas deben asumir el pago de pensiones por incapacidad permanente.