La misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que investigó la matanza de 20 campesinos en Bolivia en setiembre concluyó ayer que se cometió un «crimen de lesa humanidad» y recomendó que los responsables sean juzgados por la vía ordinaria.

El coordinador de la misión, Rodolfo Mattarollo, presentó un informe sobre las conclusiones ayer en el Palacio de Gobierno en La Paz.

El informe fue entregado al presidente de Bolivia, Evo Morales, y es fruto de una investigación que comenzó tras los violentos sucesos ocurridos en la región amazónica de Pando el 11 de setiembre durante una oleada de protestas de la oposición.

Mattarollo dijo que lo ocurrido en la localidad de Porvenir y lugares aledaños fue «una masacre y un crimen de lesa humanidad» que, a su juicio, debe ser juzgado por la vía ordinaria y no en un juicio especial de responsabilidades.

La misión expresó su convicción moral e intelectual de que el 11 de setiembre «se cometió una masacre en el sentido empleado para este término por la ONU».

Sostuvo que en la matanza «fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos», aunque el dato global registrado es de 20 que «fueron asesinados».

Mattarollo dijo que «una violación de esta naturaleza» configura, desde el punto de vista del derecho penal internacional, «un crimen de lesa humanidad».

La comisión también destaca que dos funcionarios de la prefectura de Pando murieron por arma de fuego la mañana del 11 de setiembre, por lo que pide a las autoridades judiciales de Bolivia «su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente».

Justicia ordinaria

Asimismo, la misión de Unasur concluye que lo ocurrido no son delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, sino que son comunes «que deben ser juzgados por la Justicia ordinaria».

El Gobierno y la Fiscalía responsabilizaron de la masacre al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, de la oposición derechista, que se encuentra detenido desde setiembre en la cárcel de La Paz.

Los abogados de Fernández, que era uno de los líderes de la oposición derechista a Morales, han planteado que sea juzgado bajo un régimen especial por su condición de ex autoridad regional, una petición que respaldó una corte regional de Chuquisaca.

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