La muerte en atentado del empresario azpeitiarra Inazio Uria provocó que destacados representantes institucionales y dirigentes políticos apelaran ayer a la esperanza para que la sociedad vasca mantenga la vista puesta en un horizonte de paz y normalidad política para Euskal Herria, pero muchos de ellos subrayaron, al mismo tiempo, que lo único que esperan es la desaparición de ETA. Esos mensajes no servirán para nada si quienes los lanzan no son capaces de aportar algo más que palabras para resolver una situación que sus predecesores tampoco supieron, y en muchos casos no quisieron, solucionar.

En este mes de diciembre se cumplen 30 años desde que entrara en vigor la actual Constitución española, que no fue aprobada en las urnas por la ciudadanía de Hego Euskal Herria. Aquel pacto entre la dictadura franquista y la tímida oposición que se presentaba como defensora de los valores democráticos ha marcado en gran medida los parámetros en los que ahora se encuentra el denominado conflicto vasco.

Y este mismo mes se cumplen 50 años del nacimiento de ETA, hecho que por sí solo debería servir para relativizar las rotundas manifestaciones que ayer pronunciaron, entre otros, José Luis Rodríguez Zapatero y Juan José Ibarretxe sobre supuestos frutos de la lucha policial contra la organización armada. Porque, en momentos tan dramáticos como éstos, ¿de qué sirven las triunfantes comparecencias de los ministros españoles de Interior tras las detenciones de militantes de ETA? ¿Por qué ayer Alfredo Pérez Rubalcaba prefirió quedarse en un segundo plano?

Hay vías para lograr que la esperanza se plasme en un escenario democrático en Euskal Herria, pero para avanzar por ese camino es necesario abandonar las hojas de ruta caducadas y retomar los cauces que se han ido desbrozando en el último proceso de diálogo. Es necesario que los representantes políticos -y otros agentes sociales- asuman riesgos, rompan inercias y apuesten por un auténtico cambio en nuestro país.